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Iglesia y Estado
José Fernández Santillán
El Universal

Martes 24 de abril de 2007



U no de los problemas recurrentes de la política es distinguir los ámbitos de actuación del Estado y de la Iglesia católica. El tema es antiguo: se remonta, por lo menos, al siglo V cuando el papa Gelasio I utilizó la figura de las "dos espadas" para diferenciar las dos instituciones y decir a quién le correspondía ostentar el poder soberano. En la época medieval esta disputa se inclinó a favor del Papa sobre el emperador o los príncipes. El argumento que se esgrimió en aquel entonces para justificar la supremacía eclesiástica fue la subordinación que los poderes terrenales le debían al poder divino. Como encarnación de la religión única y verdadera, el Vaticano asumió la prerrogativa de investir a los gobernantes de la legitimidad necesaria para gobernar. La autoridad no la daba el pueblo, sino Dios.

La declinación del poder eclesiástico sobrevino cuando apareció la cultura moderna, es decir, la cultura laica a la cual contribuyó la proliferación de expresiones artísticas ya no controladas por la jerarquía católica; la tolerancia en el ejercicio de los cultos religiosos; el desarrollo del método científico; el florecimiento de la perspectiva humanista fuera de la actitud contemplativa, el surgimiento de la sociedad secularizada y la liberación comercial.

La antigua fuente de legitimidad de la autoridad civil derivada del "derecho divino" fue sustituida por una fuente de legitimidad distinta derivada de los derechos del hombre y del ciudadano. Esa es la base de la soberanía popular a la que hoy está subordinado cualquier poder comenzando por el poder eclesiástico. Las constituciones modernas parten de la premisa de que el único principio válido de legitimidad de la autoridad política es la voluntad de los ciudadanos.

En pocos países como en México se expresa con tanta nitidez la formación del Estado nacional como un Estado laico. En 1834 José María Luis Mora propuso reformar la Constitución para resolver la confusión entre el Estado y la Iglesia, que "supone al poder civil investido de funciones eclesiásticas y al poder eclesiástico de funciones civiles, y ya es tiempo de hacer que desaparezca esta mezcla monstruosa, origen de tantas contiendas". Mora fue uno de los puntales de la lucha que posteriormente llevarían a cabo los liberales juaristas a favor de la secularización.

La construcción de la república se realizó legislando a favor del laicismo. Es decir, promulgando leyes diferentes de las disposiciones eclesiásticas. La primera ley que generalmente se reconoce como la que inició el movimiento fue la emitida el 25 de noviembre de 1855, conocida como la ley Juárez. A esta le siguió la de Desamortización de los Bienes del Clero emitida el 25 de junio de 1856, que recibió el nombre de la ley Lerdo. Luego vino la propia Constitución de 1857. La secuencia no paró allí: siguieron las leyes de Reforma que iniciaron con el manifiesto de nacionalización emitido el 12 de julio de 1859. Este manifiesto es importante porque en sus anexos se incluyó la separación de la Iglesia y el Estado. Las leyes de Reforma son un capítulo tan importante en el proceso de laicización que fueron elevadas a rango constitucional en 1873.

Como ha dicho Arnaldo Córdova: "La construcción del Estado moderno en este país está de tal manera ligada a las luchas entre el poder civil y el poder eclesiástico que su historia, sin exageración, constituye al mismo tiempo, la historia del espíritu laico nacional."

La Constitución de 1917 fue heredera del laicismo y del principio de la soberanía popular contenidos en las leyes de Reforma y en la Constitución de 1857. El artículo 130 no deja lugar a dudas: "El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley." A esto debemos añadir el parágrafo "e" del mismo artículo que prescribe lo siguiente: "Los ministros no podrán asociarse con fines políticos". Por tanto, no hay que hacer muchas elucubraciones para afirmar que en la polémica en curso sobre la legalización del aborto en el DF hay una violación flagrante por parte de la Iglesia católica y del Vaticano a las normas constitucionales. ¿Qué esperan las autoridades federales para actuar?

jfsantillan@itesm.mx

Académico del ITESM-CCM



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