El conflicto se limita a Grupo México (Gmex) y Villacero. Las relaciones del sindicato con el resto de las empresas son razonablemente buenas. Una vez que Villacero se fusione con Mittal, el conflicto en Sicartsa podría disminuir. El problema del sindicato con Gmex se originó en la venta de las mineras de Cananea y Nacozari a este grupo en 1990. Según el contrato de compraventa, Gmex debía pagar al sindicato sus acciones en esas empresas. Catorce años después, cuando Gmex aceptó finalmente pagar, la deuda era de 55 millones de dólares.

Después de distribuir 35 millones, el sindicato suspendió el reparto ante una ola de demandantes que alegaban tener derecho. La mayoría de las demandas, fraguadas por abogados tiburones, eran improcedentes, pero fueron aceptadas por el Poder Judicial. A causa de esto, el sindicato usó el fondo a repartir para pagar gastos legales y acusó a Gmex de instigar a los demandantes. Estas demandas son las que el gobierno de Fox usó para defenestrar a Gómez Urrutia. Es razonable suponer que Fox y colaboradores fueron instigados por Gmex.

Los agravios de Gmex al sindicato son muchos. En 1995 negó los bonos de productividad a los mineros de Cananea y Nacozari, a pesar de que la meta de producción de cobre había sido rebasada en 11 mil toneladas. Desde 2003, el grupo ha tenido 13 huelgas por salarios, prestaciones, seguridad e higiene. En la mina de Charcas, SLP, hubo 123 accidentes en un universo de 800 trabajadores en 2005. Gmex sustituye gradualmente trabajadores sindicalizados con "externos" sin prestaciones. De los 65 sepultados en Pasta de Conchos, sólo 25 tenían seguro por muerte accidental.

Gmex espolea a sus trabajadores a causa de su situación financiera. El origen de su estrés es la compra de Asarco en 1999, inversión ahora perdida. La saga Gmex-Asarco debe ser narrada aparte por intrincada y costosa. Es causa principal de los problemas del grupo con los sindicatos de México, Perú y Estados Unidos. Gmex intenta cobrar a los mineros su error de adquirir Asarco. Sus frecuentes cambios de mando también son secuelas de esta operación. Permanece Carlos Díaz Sacristán, adjudicador de Ferrocarriles Nacionales a Gmex en 1999.

Los mineros mexicanos son apoyados por sindicatos extranjeros que agrupan a 25 millones de trabajadores. Han recibido solidaridad en Rusia, Alemania, Brasil, Perú, Canadá y EU. El sindicato United Steelworkers de EU (USW), agraviado por Gmex-Asarco en Arizona y Texas, tiene una alianza estratégica con los mineros mexicanos. La solidaridad obrera internacional está sonando, mientras intelectuales locales parlotean contra el "corporativismo sindical".

Cualesquiera que hayan sido las razones de Gómez Urrutia para desertar de la tecnocracia y pasar a las filas sindicales, cualesquiera el origen de su patrimonio, su defensa de los mineros y la lealtad de éstos a su liderazgo son indiscutibles. Desde 2002 ha obtenido 12% en aumentos salariales y prestaciones, más de tres veces que lo conseguido por el resto de los sindicatos. Impugnó la designación del títere Víctor Flores como presidente del Congreso del Trabajo y se opone a la reforma laboral. Naturalmente, es mal visto por muchos empresarios.

Su caso es una prueba para el gobierno de Calderón, emplazado como está a decidir, sopesando los intereses en juego. Gmex es consorcio global antes que empresa mexicana. Sus dueños son aristócratas cuyo país es la Bolsa de Valores de Nueva York. Para algunos esto puede parecer digno de elogio; no para los mineros. Estamos, pues, ante una lucha de clases que puede salir de control en las próximas semanas. Ya veremos cómo la doctrina del PAN se las arregla para encausar el conflicto.

blascota@prodigy.net.mx

Analista político