Se busca homologar los criterios para desarrollar la legislación en las entidades, a fin de evitar las distintas modalidades que ha presentado este derecho, según el gobernador o partido que ejerza el poder, lo que repercute en diferentes niveles de garantía para el ejercicio de este esencial instrumento de la transparencia y el combate a la corrupción. Hay entidades con gran avance y otras con rezagos incomprensibles para nuestro momento político. La idea es buena y, por sus méritos, la iniciativa contiene elementos que merecen ser aprobados por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, ni la unanimidad de los jefes de bancada, el acuerdo político que supone el grupo plural de gobernadores o la pertinencia de la mayoría de sus proposiciones debe evitar un análisis riguroso de algunos párrafos -que pueden dar hasta para hacer regresivos algunos de los objetivos de la exposición de motivos-, ni se debe malgastar la oportunidad de este consenso para hacer una correcta ubicación constitucional del derecho a la información.

Vale esperar de los dictaminadores y en especial de Raymundo Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, un análisis de las posturas que han expresado riesgos y de las que sugerimos fortalecer el texto, agregando como uno de los principios de mayor importancia el criterio de máxima publicidad, sobre todo en el origen, uso y destino de recursos públicos, y establecer los elementos necesarios para que los órganos de procuración de la información (los institutos de acceso) tengan plena autonomía de los gobiernos federal y local, y sean necesarias por lo menos las dos terceras partes de una legislatura estatal para su integración.

Varias de las autonomías estatales en el acceso a la información pública no son más que órganos diseñados por afinidad política con el gobernador en turno, e incluso las leyes son atropelladas cínicamente por la vía reglamentaria que, para "proveer" lo necesario en el ámbito administrativo, tiene tanto el Presidente en el artículo 89 de la Constitución como los ejecutivos estatales en sus constituciones locales.

En este último caso está ni más ni menos que José Reyes Baeza, gobernador de Chihuahua, de quien podemos afirmar en primer lugar un mejor estilo político que su antecesor, y ha caído en una enorme contradicción en términos de su discurso nacional sobre la transparencia, con su conducta local en el campo de los hechos. Por vía del presupuesto y del reglamento, echó abajo varias disposiciones de transparencia de la ley y la Constitución de Chihuahua.

Escribió Jaime García Chávez, coordinador de los diputados del PRD en el Congreso estatal: "El gobierno publicó el reglamento que mejor le acomoda, prácticamente dejando al instituto como un aparato de Estado vulnerable y avasallado". Entre los hechos que suscitan esa acusación está que el Consejo definió lo que es una información clara, veraz, oportuna, suficiente, y el gobernador quiere que esto sea así "cuando la naturaleza lo permita". El Consejo propuso que se transparentaran todas las percepciones, prestaciones y viáticos de los funcionarios públicos; el gobierno lo hará "atendiendo a la naturaleza de la función que desempeñan".

"En materia de programas públicos -sigue García Chavez-, a través de los cuales se fortalece el ancestral corporativismo con sesgo electoral y clientelar, el gobierno no quiere que se transparenten los criterios para otorgar servicios, plazos, montos y padrón de beneficiarios. Todo eso queda en el baúl del gobierno y sólo él tiene la llave. Igual suerte para las auditorías concluidas, el manejo de los programas de subsidio, y no podían faltar los contratos con los medios de difusión que se guardaran celosamente en el ropero de nuestros gobernantes".

La reforma exige congruencia también para el Congreso de la Unión, que sea parámetro no sólo frente a esa desigual conducta legislativa que hace leyes a la medida de la voluntad democrática o del capricho autoritario de los gobernadores y "sus" congresos, sino frente a la propia normatividad que el Legislativo federal se ha impuesto en la materia, tan insuficiente y dispersa que cada cámara tiene su propia reglamentación, se carece en ambas de un órgano ajeno a los propios legisladores que procure la información y resuelva recursos ante negativas.

El ejemplo que pretenden dar al país a través de la Constitución -coordinadores y gobernadores- debe actuar como acicate para actualizar y ajustar esas desfasadas disposiciones, y para predicar con el necesario ejemplo.

Profesor de la FCPyS de la UNAM