¿Qué pasa? El problema lo conocemos; las soluciones las tenemos a la mano. Carecemos de una cultura de rendición de cuentas y una efectiva voluntad política colectiva para cambiar las cosas. Debemos reconocer en los vecinos del norte su capacidad para reaccionar ante una opinión pública demandante y la voluntad de corregir fallas. Dos ejemplos de lo anterior son la rígida ley Sarbanes-Oxley, expedida ante los efectos de los casos IMC World Com y Enron, y la reciente ley aprobada por el Senado para proveer mayor transparencia al proceso legislativo, producto de sonados casos de corrupción de líderes, legisladores y gestores.

Esta última ley, de enero de este año, persigue regular y sancionar severamente conductas indebidas y contiene disposiciones acerca de la eliminación de privilegios a ex legisladores que actúen como gestores o persigan ganancias; sobre regalos, boletos para eventos, convenciones partidarias, viajes; restricciones para empleados y ex empleados de la rama legislativa, que el Congreso recomienda extender a las ramas ejecutiva y judicial; contribuciones políticas; prohibiciones para contactar gestores que sean parientes hasta en cuarto grado; y una larga serie de disposiciones sobre su proceder.

Prevé también el funcionamiento activo de un comité de ética en el Congreso, con atribuciones y disposiciones que deberíamos tomar en cuenta si queremos cambiar en México, ahora presenciamos el brinco de funcionarios del sector privado al público y viceversa, sin disposiciones legales que regulen dicho trasiego que despierta muchas suspicacias; por eso generamos desconfianzas y sospechas donde debiera haber transparencia y trato abierto entre gobernantes y gobernados. Además, la opacidad provoca falta de continuidad y rupturas que hacen que la experiencia se desaproveche y se cobren facturas que nadie sabe si son auténticas o inventadas.

Hemos sido testigos de conflictos de intereses entre legisladores que patrocinan litigios contra el Estado o representan a monopolios perfectamente identificados; no podríamos explicar la influencia política de que han hecho uso algunos miembros del Congreso para resolver a favor de sus representados contiendas en que se sacrifica el interés colectivo en aras del particular. Urge frenar la discrecionalidad mediante reglas muy claras que permitan aplicar sanciones cuando se atente contra la colectividad.

En ausencia de claridad el rumor ensucia todo, se atenta contra las instituciones, y las relaciones entre los poderes fácticos y los formales son turbias; en tal caso, el gobierno es débil porque habrá amplios sectores desinformados y, por ende, refractarios a contribuir al logro de las metas y objetivos que contienen los programas de gobierno. Hemos hecho a un lado la firmeza ideológica y la congruencia entre el proceder público y el privado para montarnos en un oportunismo que raya en el cinismo más descarnado. El trapecismo es propiciado por una población sin los elementos de juicio para ponderar la conducta de sus representantes y líderes; de ahí la necesidad de blindar a nuestras instituciones para protegerlas. No sabemos cómo se ejerce buena parte del gasto social ni por qué se establecen prioridades que parecen absurdas; el DF es claro ejemplo de esa reprobable situación; sin embargo, nadie exige que se aclaren las cuentas y que se cumplan las disposiciones legales para separar el interés público del privado. Los cabilderos hacen de las suyas a ciencia y paciencia de la población y de algunos medios de comunicación. Es tiempo de acabar con vicios y prácticas indeseables. Es necesario que los congresos federal y locales reaccionen con rapidez para evitar acuerdos "en lo oscurito", y crear condiciones que hagan de la política una actividad que otorgue prestigio y orgullo a quienes a ella se dedican.

Analista político