¿Hasta dónde debe ser la intervención del gobierno en un mercado? ¿De qué forma debe intervenir? ¿A partir de cuándo y por cuánto tiempo? ¿En qué mercados se justifica su intervención?

Salvo los absolutamente liberales, todos los demás coincidimos en que el Estado debe tener intervención en determinadas circunstancias y formas en el mercado. Las diferencias estriban en la respuesta a las preguntas anteriores.

No cabe duda que en muchos productos el mercado puede ser el mecanismo más eficaz para asignar los recursos de la sociedad, quizá el ejemplo más sobresaliente de los últimos años sea el mercado de los carros nuevos, los precios nominales de los carros nuevos son muy similares a los de hace cinco o seis años, la realidad es que han bajado significativamente de precio y en consecuencia son más accesibles para la población.

El trabajo, la propiedad, la iniciativa, la empresa y el mercado, al servicio del hombre, particularmente el más débil, son los elementos que conforman el modelo económico que promueve el PAN al que denominamos "economía humana".

Todos coincidimos en que el Estado debe intervenir en los casos en los que los mercados se encuentren distorsionados por prácticas monopólicas u oligopólicas que a través de manipulación de los precios se elimine la competencia o se transfiera mayor renta de la sociedad a quienes promueven estas prácticas.

En México venimos perfeccionando desde hace tiempo una institución, la Comisión Federal de Competencia Económica, que debe intervenir en estos casos, para que a través de sus instrumentos legales, promueva el restablecimiento de un mercado libre y no distorsionado.

Pero hay casos en los que aun con un mercado libre, se justifica la intervención del Estado, porque el mercado, por muy perfecto que sea, no es un fin en sí mismo, no tiene cabida, si no es en beneficio del hombre.

En el caso de la tortilla, en donde los incrementos recientes de precios se deben a dos factores: primero el incremento en los precios internacionales del grano, particularmente en el maíz, que forzosamente inciden en un incremento en los precios domésticos de nuestros granos, y en segundo lugar, a la especulación de algunos mayoristas que ante un mercado al alza provocaron que los incrementos de precios en México fueran proporcionalmente más altos que en el extranjero.

Para combatir la especulación, las medidas asumidas por el reciente acuerdo sobre el precio de la tortilla son las adecuadas y en pocos días han terminado con el incremento artificial de precios.

Sin embargo el acuerdo está suscrito hasta el mes de abril porque los precios futuros del maíz seguirán al alza, y todo indica que lo harán al menos durante tres o cuatro ciclos más.

Siendo la tortilla uno de los elementos fundamentales de la dieta de los mexicanos con menores ingresos, y siendo sus ingresos fijos, no tengo duda que tenemos que pensar y diseñar antes de abril algún mecanismo de subsidio, directo o indirecto, focalizado o general, que evite que el precio de la tortilla se siga incrementando.

No hacerlo a tiempo será un verdadero crimen, porque la economía debe estar al servicio del hombre, fundamentalmente al servicio del más débil. Si no lo hacemos a tiempo, entraremos en confusión con muchos otros productos que no tienen las características de la tortilla y que sus precios serán afectados porque los granos seguirán subiendo, como el caso de la carne y el pollo.

Esta reflexión tenemos que hacerla también para el caso de los productores de carne, cerdo y ave de nuestro país, que pueden quedar atrapados a dos fuegos: el incremento de precio de su materia prima y la amenaza de importación de lo que producen. No resolver adecuadamente este problema con la intervención del gobierno puede llevarlos al exterminio.

Los próximos meses serán sin duda, en este tema, una enorme prueba para todos los políticos: saber actuar en beneficio de los más débiles o dedicarse a acarrear beneficios económicos o políticos a su molino.

Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados