La evolución histórica del pueblo de México nos obliga a instituir una política de Estado que asegure la alimentación básica de más de 105 millones de habitantes alojados en un territorio de cerca de 2 millones de km2.

Los esfuerzos del Estado mexicano moderno por regular el abasto de los bienes de consumo básico se remontan a 1938 cuando el presidente Lázaro Cárdenas fundó el Comité Regulador del Mercado de Subsistencias, Miguel Alemán en 1949, la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana, CEIMSA, y Adolfo López Mateos en 1961, la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Conasupo y la productora de harina de maíz MINSA, esta última resultado de la aplicación de la investigación científica y tecnológica para industrializar el maíz, esfuerzo auspiciado y financiado por el Banco de México.

En enero de 2007 cuando el precio de un kilo de tortilla subió de seis a 10 pesos promedio, mientras el salario mínimo que recibe más de una tercera parte de la población sólo aumentó 3.9% para llegar a 50 pesos diarios, afloró una gran inconformidad popular pues ya habían aumentado la leche, el gas, la gasolina y las tarifas de energía eléctrica, entre otros. En la era panista de Fox el precio del kilo de tortilla, que era de cuatro pesos en 2000, terminó en 6.00 en 2006, un aumento de 50%, mientras el salario mínimo pasó de 38 a 50 pesos diarios, o sea un aumento de 24% en el mismo periodo.

La respuesta del actual gobierno consistió en emitir un "Acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla", suscrito por el presidente Calderón; los secretarios de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; Diconsa, SA de CV y Procuraduría Federal del Consumidor. Con las empresas vinculadas a la cadena productiva maíz-tortilla a través de Diconsa y sus más de 22 mil tiendas, la asociación ANTAD y la cadena Wal-Mart con más de mil 900 puntos de venta; Bimbo en sus más de 300 mil puntos de venta, las 5 mil tortillerías agrupadas en la Unión Nacional de Molinos y Tortillerías de un total de más de 300 mil según datos censales y los presidentes de la CNC y del Consejo Nacional Agropecuario. Quedaron así reunidos en este propósito que, hablando en plata, aumentó el precio oficial de la tortilla en 42% y sólo durará un trimestre: el gobierno, los grandes empresarios, algunos medianos y pequeños, y sólo dos organizaciones del campo.

En la era neoliberal de Salinas numerosas empresas paraestatales fueran privatizadas y transformadas en monopolios privados (en el renglón del maíz en una gigantesca empresa productora de harina de maíz, Maseca) que incluso acaban de ser condenados por el Banco Mundial en reciente seminario. El Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) ha tenido como resultados la destrucción de la producción campesina y la expulsión de los pequeños productores como mano de obra barata hacia Estados Unidos.

Hace ya más de medio siglo que los especialistas surgidos de las escuelas de estudios superiores y de los institutos de investigación del Estado vienen luchando por una política que asegure la alimentación básica del pueblo y mejore sus niveles de nutrición. Como resultado de estos esfuerzos, finalmente en 1980 el presidente José López Portillo instituyó el Sistema Alimentario Mexicano, SAM, que Miguel de la Madrid se precipitó a liquidar. Un segundo esfuerzo lo constituye la Ley de Desarrollo Rural Sustentable aprobada por la 58 Legislatura, inicialmente rechazada por el presidente Fox y aprobada después de varios ajustes (DO. 13-XI-2001) pero que no se ha llevado a la práctica. Los esfuerzos por tener una política de Estado que asegure la soberanía alimentaria han sido bloqueados.

Podemos ser autosuficientes en la producción de maíz blanco dado que tenemos un potencial productivo de 29 millones de toneladas, pero se requiere una política que reconstruya la capacidad de almacenamiento para regular el mercado. En esta perspectiva debemos darnos el lujo de rechazar los transgénicos, pues su uso presenta riesgos.

En el fondo ¿la inercia del mercado realmente nos conduce a desmantelar la cadena maíz-tortilla en aras de favorecer el mercado oligopólico de la tortilla de harina de maíz? Si el avance de la ciencia y de la técnica nos lleva a tener grandes productores en el caso de productos básicos ¿no deben ser manejados en el sector de la economía pública, sujetos a la aprobación de sus presupuestos y a la escrupulosa rendición de cuentas al Congreso? ¿No forma parte de la democracia económica el manejo y regulación de la canasta básica de alimentos que aseguren la soberanía y seguridad alimentarias?

Directora del Instituto Nacional de Formación Política del PRD