Un acontecimiento como éste es importante no sólo para el PRI, sino para el sistema de partidos en su conjunto porque puede contribuir a equilibrar la polarización política que generó la pasada elección presidencial y con ello ayudar a fortalecer la débil institucionalidad de nuestra configuración partidaria. El PRI ya sólo es la tercera fuerza política del país, pero el hecho de que siga gobernando 17 estados lo dota de un capital político que debiera ser aprovechado de cara a la necesidad de transitar hacia un esquema de colaboración entre las fuerzas políticas. De ahí la importancia de que se actualice como un referente político acorde con las coordenadas del cambio democrático que ha experimentado el país.

Después de la pérdida traumática de la Presidencia en 2000, la apuesta fue conformar una dirección nacional que reprodujera las funciones del Presidente de la República durante la época de la hegemonía, es decir, que concentrara en sus manos las principales decisiones del partido, en particular aquellas sobre el nombramiento de los cuadros dirigentes y los candidatos a cargos de elección. Su fórmula para enfrentar el reto de ser un partido de oposición fue recrear la mecánica jerárquica y autoritaria de la época del hiperpresidencialismo y del partido prácticamente único.

De tal suerte, la dirección nacional del tricolor no se concibió como un ancla para impulsar cambios en las prácticas del partido, obligados por la nueva circunstancia, ni como el liderazgo capaz de ser el árbitro por encima de los diferentes grupos e intereses, sino como el jefe de la organización dispuesto a favorecer a los grupos que le eran leales. El resultado fue un partido con un hombre fuerte que, en apariencia mantuvo unido al instituto político, pero provocó enormes defecciones, declaradas o silenciosas, pero igualmente reales.

Con todo, en la actual convocatoria pueden verse lecciones aprendidas de experiencias anteriores, como aquella de la elección abierta de 2002, en la que contendieron Roberto Madrazo y Beatriz Paredes y que lastimó severamente la convivencia interna del partido. Hoy, la decisión recaerá sólo en los consejeros políticos, es decir, en cuadros del partido bien identificados que, en principio, representan las diferentes tendencias y grupos dentro del tricolor y que deberán dar voz a la diversidad de la estructura. Aunque menos abierto, es un procedimiento más controlado y, por tanto, con mayores posibilidades de ser transparente.

Hay quienes sostienen que una candidatura de unidad sería la mejor solución para este relevo en el PRI, porque ello implicaría la existencia de un acuerdo generalizado en torno a una sola fórmula, así como el reconocimiento de los demás aspirantes respecto del liderazgo de la misma. Finalmente, una fórmula de unidad ahorraría recursos y evitaría la confrontación propia de cualquier proceso electivo.

La eventualidad de que se registre una sola planilla de candidatos está contemplada en la convocatoria y, sin duda, sería la fórmula menos dolorosa, pues no habría que realizar la elección. Sin embargo, soy de la opinión de que es bueno para los partidos desarrollar esquemas de competencia interna que transparenten sus reglas y mecanismos y que, si se hacen con apego a las normas conocidas por todos, generan lazos de identificación y de compromiso de los militantes para con su organización política.

La renovación en la dirección nacional del PRI es una oportunidad para que deje de ser un partido de hombres fuertes y se vaya orientando hacia uno de reglas y prácticas aceptadas y acatadas por todos sus miembros. Me hago cargo de que ello implica luchar contra una cultura arraigada durante sus casi 80 años de existencia.

Profesora de la FCPyS de la UNAM