Sin embargo, no encontró eco en sus compañeros legisladores. Este reclamo incluso alcanza a los medios de comunicación, a los analistas económicos, cámaras y organizaciones que representan a la iniciativa privada. Quizá ésta sea una pequeña muestra de que el país tiene un serio problema para proteger el interés público y en particular considerar a las próximas generaciones de mexicanos en sus decisiones.

En los últimos sexenios gobernados por el PRI, el monto solicitado y aprobado, tanto en el Senado como la Cámara de Diputados, sin mayor complicación, hubiera sido causa de escándalo. El monto no es nada despreciable. En términos del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2007 representa 2.4%, y como porcentaje del saldo de la deuda pública del gobierno federal, 14.9%.

Por ello este tema merece la atención pública. Primero, por congruencia es básico explicar ¿por qué se requiere endeudar el gobierno federal si el discurso oficial insiste tanto en que el país tiene finanzas públicas federales equilibradas? ¿Dónde está el truco de la magia fiscal? Segundo, ¿cuál será el destino del endeudamiento y, en consecuencia, es sostenible continuar endeudando a los mexicanos aunque sea con deuda interna? Tercero, ¿cómo puede justificarse una reforma para tributar más si el discurso oficial insiste en que las finanzas públicas están en equilibrio?

Sobre lo primero. El endeudamiento del gobierno federal está siendo necesario porque el costo de las obligaciones gubernamentales más los nuevos compromisos que se ha echado a cuestas no alcanzan a cubrirse con lo que recauda vía impuestos, ni con los ingresos derivados de la venta de hidrocarburos.

Aun cuando el precio del petróleo ha alcanzado un máximo histórico y más que duplica la cotización registrada en el año 2000 de 24.79 dólares por barril, y la extracción de petróleo crudo supera por más de 400 mil barriles diarios a la de ese año, el gobierno federal tiene un déficit y requiere financiarlo con la emisión de deuda pública.

El truco de las finanzas equilibradas se da por la magia de una práctica contable: el déficit del gobierno federal se consolida con el superávit de las finanzas de las entidades paraestatales, entre las que destacan Pemex, CFE e IMSS. En la consolidación financiera del sector público, la emisión de deuda del gobierno federal se compensa con la acumulación de disponibilidades en las tesorerías de estos organismos públicos.

El segundo punto es de mayor importancia al primero. La deuda pública no es buena ni mala en niveles prudentes y a tasas y plazos adecuados, todo depende qué se haga con ella y si logra dirigirse a proyectos y programas con una rentabilidad económica y social superior a los usos que las actividades productivas y sociales podrían darle. Incurrir en un endeudamiento no es malo siempre y cuando no deteriore el ahorro público y se destine para aumentar el patrimonio.

El símil con la economía familiar es que un crédito hipotecario para comprar una casa es positivo para el patrimonio, no así la venta de activos para satisfacer necesidades recurrentes de consumo.

Para protección de los mexicanos y en particular los de las futuras generaciones, nuestra Constitución ha dispuesto que sólo pueden celebrarse empréstitos para "la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia." (véase artículo 73, fracción VIII).

No obstante este mandato, el Ejecutivo federal y la Cámara de Diputados han hecho caso omiso a esta disposición. Para 2007 y el 2006, técnicamente los diputados aprobaron deuda para gasto corriente, a pesar de su esfuerzo por reasignar presupuesto a proyectos de inversión en carreteras y agua.

Este mal hábito sólo es sostenible mientras el precio del petróleo y la extracción no disminuyan, de lo contrario, el sistema crujirá y en evidencia quedarán las adicciones fiscales: ingresos petroleros y endeudamiento para consumo.

En cuanto al tercer punto, causa confusión que por un lado se presuma equilibrio fiscal y por el otro se insista en el aumento de impuestos. Es un mal principio para encauzar la discusión sobre una reforma integral de la hacienda pública de una democracia.

Por ello insisto, México debe plantearse si va a continuar requiriendo el aval del FMI por falta de contrapesos internos, o tendrá la madurez para ser país OCDE. Con mis mejores deseos para todos en el 2007.

jachpresa@yahoo.com.mx

Economista