N o hay mejor prueba de cómo pueden ser las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo y, por supuesto, de las posiciones de los partidos de oposición con el Presidente, que las discusiones y aprobación del Presupuesto federal. Tal como lo señala la Constitución, el Congreso tiene una influencia determinante en el diseño final del Presupuesto, tanto en términos del ingreso como del egreso, lo que significa en palabras más sencillas, que puede intervenir en la recaudación y sobre todo modificar el gasto público en sus montos y en las áreas donde se puede aplicar.

La capacidad del Ejecutivo para desarrollar sus políticas públicas encuentra en esta disposición legal uno de sus más importantes límites, porque lo obliga no sólo a presentar un proyecto razonable sino a poner en marcha intensas negociaciones que convenzan a diputados y senadores de apoyar sus propuestas.

Estas condiciones pueden parecer obvias, pero como bien lo comprobaron Ernesto Zedillo y Vicente Fox, nunca pueden darse por sentadas y menos aún suponer que los legisladores de oposición estarán siempre dispuestos a respaldar sus proyectos.

Desde 1997 las disputas por el Presupuesto se han convertido en medios políticos para restarle fuerza al Presidente, más que para discutir técnicamente proyectos sociales alternativos. Todavía se recuerdan los agrios encuentros que desde aquel año los partidos escenificaron en el Congreso en la mayoría de las revisiones presupuestales, e incluso la reforma que en algún momento le hicieran a un proyecto de Fox que terminaría en una controversia constitucional en la Suprema Corte y en una polémica resolución que concedía al Presidente vetar los arreglos legislativos.

Con esa historia previa, sumada al encono electoral que todavía se vivió a principios de diciembre, la propuesta presupuestal del presidente Calderón no parecía contar con buenos augurios. Menos aún cuando contenía nuevos impuestos y severos recortes en los sectores sociales y, principalmente, en la educación superior. Pero contra todas las previsiones, el resultado ha sido notablemente civilizado y, sin duda, favorable al Ejecutivo. Con todo, el proceso ya muestra dos claras tendencias que predominarán en los próximos años.

La primera es que la estrategia económica del nuevo gobierno no va a tener variaciones en el modelo central y, lo que parece más delicado, que se agravarán los ajustes por el entorno internacional. Como ha sido señalado por los expertos, la economía estadounidense se encamina a una fuerte recesión, que dada la dependencia mexicana, hará que los proyectos de desarrollo nacionales se frenen. Para el presidente Calderón esto es políticamente grave porque una de sus ofertas de campaña más atractivas fue la creación de empleos que solamente puede lograrse con crecimiento económico.

Como lo demuestran los recortes presupuestales, el gobierno está consciente que no cuenta con los recursos necesarios para promover programas de desarrollo y que sus ingresos corrientes son del todo insuficientes. De ahí el control del gasto público, las restricciones a la educación y, por encima de todo, una estrategia para aumentar impuestos. Para cuidar las apariencias, los impuestos se dirigieron al tabaco y los refrescos, dos productos cuya necesidad social es evidentemente cuestionable, pero cuya venta se tiene asegurada.

El impacto social hubiera aparecido cuando los productores, como es su costumbre, trasladaran íntegramente el impuesto a los consumidores. De aprobarse la medida, los costos políticos los hubieran pagado los partidos y, como es de suponer, ninguno de oposición estaría dispuesto a correr el riesgo.

En este aspecto se encuentra la segunda tendencia del proceso. Si bien las negociaciones entre gobierno y legisladores fueron tersas, las posiciones de los partidos fueron encontradas. Mientras los diputados sorprendieron al aprobar por unanimidad los impuestos, en el Senado el PAN se quedó solo y no logró sacarlos adelante. Más allá de las razones técnicas que puedan encontrarse, lo relevante es que los partidos de oposición no tuvieron posiciones unificadas en cada una de sus bancadas, lo que revela la falta de dirección única.

El PRD, que se suponía el más uniforme después de la derrota de julio, no tuvo una conducta homogénea y, lo que es peor, sus diputados aprobaron las propuestas de Calderón contra de los deseos de su "presidente legítimo".

Se dirá, sin duda, que sus senadores rectificaron, pero en cualquier caso han demostrado que su líder pierde credibilidad interna y que todavía no hay nadie que pueda controlar al partido y a sus legisladores, lo que hará impredecible su conducta.

La sorpresa, sin embargo, partió del PRI. Todos han reconocido que el viejo partido se ha convertido en un actor central del que dependen los respaldos legislativos a Calderón y se supuso que en la coyuntura presupuestal el PRI dejaría solo al PRD.

El resultado demuestra que no hay apoyo por principio y, lo más grave para ambas partes, que tampoco tiene unidad. El voto dividido de diputados y senadores priístas comprueba que el líder del partido no existe y que los de cada bancada son incapaces de ponerse de acuerdo entre sí.

Después del desastre de Roberto Madrazo, que se llevó consigo a Palacios Alcocer, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, aparecieron como los únicos interlocutores válidos, pero sostenidos sólo por sus cargos institucionales.

Si era discutible que en conjunto pudieran manejar al PRI, ahora queda claro que tampoco son capaces de construir una posición común en el Congreso.

No es del todo claro por qué los senadores anduvieron otro camino. Aun así, es posible suponer que las consideraciones fiscales no fueron determinantes sino las políticas y, más aún, las estrategias personales y de grupo de los líderes de cada bancada.

Los diputados parecen haberse inclinado por demostrar colaboración a los ciudadanos y buena fe con el presidente Calderón, pero todo indica que los senadores tuvieron en mente los costos electorales de las medidas y la imagen de apoyo incondicional al panismo.

Dos estrategias distintas sobre el futuro del PRI que pasan necesariamente por las relaciones legislativas. Más allá de cuánto puedan conciliarse ambas posiciones, lo cierto es que en este primer encuentro los líderes mostraron control de grupo, pero no capacidad de acuerdo y menos aún de poder diseñar un proyecto de partido.

Mal augurio para el recién estrenado Presidente, porque en esta coyuntura el PAN también ha probado que no está del todo a su lado.

Podrá contar con el respaldo de sus legisladores, disciplinado pero poco hábil para negociar, pero no con el del partido cuyo Presidente se pronunció contra el aumento de los impuestos. Con un apoyo limitado de los panistas, con una resistencia previsible del PRD y con un impredecible comportamiento del PRI, los augurios de estancamiento político parecen confirmarse. Todo en medio de un mal momento económico.

Investigador de El Colegio de México