La demanda más generalizada se refiere a la seguridad, en un sentido amplio. Ciudadanos de todas las edades exigen que la nueva administración cree las condiciones para que las personas puedan vivir y coexistir en paz. Una situación de armonía social no implica que la diversidad del mosaico mexicano no se exprese cotidianamente, que no existan diferencias entre puntos de vista, que se pretenda que las profundas desigualdades sociales no generen tensiones y conflicto. Lo que implica es que esa diversidad pueda expresarse en un contexto de legalidad, en un marco de estricto respeto al hecho de ser distintos, en una sociedad democrática que ofrezca cauces institucionales que permitan procesar esa diversidad de manera efectiva. Ninguna nación puede desarrollarse si su población no cuenta con la seguridad de que su persona, sus derechos y sus bienes no están seguros. México vive una etapa crítica de inseguridad en todos los aspectos, agravada por la acción incontenible del crimen organizado en torno al narcotráfico. Ése es un primer gran desafío.

La reciente elección sacudió conciencias y dejó poco espacio para la ingenuidad. No es posible aspirar a vivir en una sociedad segura si prevalecen grandes desigualdades, sin esperanza de que se reduzcan. La inequidad económica, la pobreza y la marginación generan una polarización que es incompatible con la seguridad. Hoy muchos afirman reconocer que esas desigualdades deben reducirse. Sin embargo, hasta ahí llega el compromiso. Cuando se plantea ir más allá, por ejemplo para generar más ingresos fiscales, entonces la solidaridad desaparece y resurge el individualismo desintegrador. No debe desaprovecharse la coyuntura.

El reclamo por más empleo es por una vida digna. Más de 11 millones de mexicanos han emigrado por falta de oportunidades y viven en Estados Unidos. Familias divididas que remiten 20 mil millones de dólares al año (en comparación con 31.9 mmd que ingresan por exportaciones de petróleo) en 2005. Individuos que se llevan su talento, creatividad y emociones. El presidente electo Calderón tiene claro que un empleo resulta de inversión, que a su vez genera crecimiento. De ahí que se espere efectividad en la formación de capital fijo, con recursos de particulares nacionales y extranjeros.

La opinión pública también demanda honestidad y transparencia del próximo gobierno. Las acciones necesarias se concentran en el sector público, pero no se limitan a éste. En materia de corrupción la interacción entre gobierno y sociedad es su causa, pero también su vía de solución. México requiere una denuncia pública más oportuna y sistemática de los hechos de corrupción, así como de los funcionarios públicos y de los particulares que los perpetraron. La única sanción efectiva contra los corruptos es el señalamiento, la condena y el aislamiento de la sociedad. En México, con la complicidad de todos, ésta no se da.

Que el gobierno garantice que se cumpla la ley es un reclamo generalizado. Esto abarca desde la norma más simple, como no estacionarse en segunda fila, hasta que se cumplan disposiciones en materia de competencia por grandes consorcios mexicanos. La sociedad percibe la vigencia o ausencia de estado de derecho como lo hace con la humedad o la temperatura del ambiente. Islas de legalidad en ciertos temas, regiones o sectores no son suficientes para contrarrestar la ilegalidad en otros. La flagrante violación del derecho de tránsito o la usurpación permanente de la vía pública no desaparecen por actos aislados de aplicación eficaz de la ley. La sociedad anhela vivir en un estado de derecho sin calificativos, que dé certidumbre para todos.

Varios de los males que aquejan hoy a México se gestaron hace décadas. Un ejemplo claro es el de las pensiones en general, y de los empleados del sector público en particular. Por eso hoy la ciudadanía reclama un gobierno previsor, que anticipe los eventos relevantes del futuro y actúe en consecuencia. El país resentiría que el próximo gobierno no actuara con oportunidad para resolver los problemas estructurales del país, quizá movido, como el actual, por un afán desenfrenado de preservar su popularidad. En México, para un Presidente lo importante es el reconocimiento futuro, no la popularidad hoy.

Un deseo generalizado de los mexicanos es que el próximo gobierno federal funcione bien. "Por un buen gobierno" es la consigna que se escucha. Se trata de una demanda crítica y esencial. El gobierno de Calderón tendrá que comenzar a actuar con eficacia desde el primer minuto de su mandato. Los funcionarios de su gobierno no podrán permanecer en el titubeo, o arrastrar los pies, o no firmar papeles, como lo hace la gran mayoría del actual. Para eso se requiere que los remuneren bien y, sobre todo, no tengan la espada de Damocles sobre su cabeza, como es el caso hoy por la hipertrofia de la Contraloría (Secretaría de la Función Pública) y los absurdos legales que perduran en la Ley de Responsabilidades, así como de las absurdas normas en materia de adquisiciones y obra pública. Hoy el funcionario mexicano no tiene margen para equivocarse, pues eso podría traerle consecuencias personales catastróficas, patrimoniales y profesionales. Es indispensable y urgente liberar al próximo gobierno de esas ataduras. Sin un "gobierno que funcione" no habrá gobierno.

Hay otras demandas centrales para el gobierno de Calderón, en general subordinadas a las aquí resumidas. El anhelo de prosperidad es muy fuerte, pues implica crecimiento, empleo y mejoramiento del bienestar personal. Sin embargo, esa prosperidad sí tiene calificativos, pues debe acompañarse de las demandas aquí señaladas. Nada de esto será posible en caso de que el próximo gobierno no funcione.

jreyes@structura.com.mx

Economista