¿Qué significa lo anterior? Que hoy más que nunca diputados y senadores deben comprometerse a poner por delante de intereses partidistas y personales, los de la nación mexicana. Significa que deberían plantearse como acto de disciplina cotidiana superar las rencillas de la lucha electoral y aceptar la superior responsabilidad no sólo de legislar sino de gobernar desde el Congreso. Significa crecer políticamente, ser audaces en el ejercicio de una democracia con adjetivos, porque se quiere representativa, participativa, justa y popular.

Debe reconocerse que México ha transitado por un largo camino en el que ha habido avances y retrocesos, pero, fundamentalmente, capacidad de entender retos, riesgos y oportunidades en cada etapa. En ocasiones esta habilidad ha sido evidente, en otras no tanto, pero siempre ha estado ahí. México se ha transformado tantas veces como ha sido necesario. Dejó de lado autoritarismos de otras épocas, optando por reformas que años después facilitaron la alternancia. Generó movimientos e instituciones que modificaron pautas anacrónicas en campos como la educación, la salud y las relaciones con entidades como las iglesias y las Fuerzas Armadas. Abandonó la pasividad y el excesivo legalismo característicos de su política exterior durante décadas, volcándose a la apertura comercial, la globalización y el contacto estrecho con otras naciones. Todas esas transformaciones tomaron no sólo mucho tiempo, hicieron indispensables acuerdos y acercamientos entre diversas fuerzas y actores políticos, económicos y sociales.

Una vez más, México debe adaptarse a las exigencias del momento. Una vez más debe cambiar para prevalecer. Una vez más debe hacer un esfuerzo mayor para evitar que todo siga igual. Hoy, sin embargo, el cambio lleva en el centro al Congreso de la Unión. Hoy se trata de hacer de esa institución un actor directamente responsable y no sólo corresponsable en la defensa y mantenimiento de una gobernabilidad altamente en riesgo. Estamos lejos del parlamentarismo, pero hoy los hechos nos obligan a incorporar importantes elementos de ese régimen que se funda en la colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo permitiendo, entre otros rasgos, que el gobierno se apoye en la confianza de los representantes de elección popular para conducir los destinos de la nación.

En el caso concreto de México, la adaptación de un principio de esa magnitud, como respuesta a las condiciones actuales de gobernabilidad fragilizada, implicaría sujetar decisiones del Ejecutivo a acuerdos previos logrados en el seno del Legislativo. Al mismo tiempo, exigiría de los legisladores una clara percepción de nuestra coyuntura histórica a fin de que en esas negociaciones predomine el interés nacional sobre cualquier otro.Difícil tarea pero no imposible, cuando la alternativa pudiera ser el caos.

Atravesamos un momento sui géneris en el que las exigencias tienen que serlo también. Requerimos una nueva arquitectura política que responda a la necesidad de garantizar la viabilidad de importantes decisiones gubernamentales a partir de acuerdos legislativos transparentes y responsables que garanticen si no consensos al menos aceptación generalizada. Un presidente que actúe al margen del Congreso, gobernará con políticas que le permitan salir del paso pero sin impactar positivamente el desarrollo del país. Un Congreso que no asuma el compromiso de apoyar la acción gubernamental mediante acuerdos que impulsen la gobernabilidad, pondrá en riesgo el futuro de México. La responsabilidad es de ambas partes, las consecuencias de su incumplimiento castigarán a los ciudadanos.

Ejecutivo y Congreso deberán hacer de la inclusión, el diálogo, la colaboración y el acuerdo, armas fundamentales para el diseño y puesta en marcha de políticas públicas y otras medidas que deberán ser vigiladas por los órganos de control y fiscalización, y por una ciudadanía que exige cada vez más ser parte del proceso de toma de decisiones y no simple receptáculo de sus consecuencias.

Secretaria general del CEN-PRI