Al mismo tiempo, AMLO hizo circular un documento con sus razones para explicar el movimiento: en los diez puntos argumenta que se enfrentaron a intereses muy poderosos; que no aceptan un cambio de política económica, para ello se llegó incluso a la falsificación de actas, por lo que no es un triunfo limpio; se pide el recuento de voto por voto, pero no aceptó; el Tribunal electoral sólo decidió abrir 9.07% de las casillas; quieren imponer una decisión; vamos a "defender la democracia"; por eso se hace un movimiento de resistencia civil; permitir la imposición es hacer de la democracia una farsa, porque se pretende que se acepte la política económica, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, el IVA a alimentos y medicinas, etcétera; por eso, se pide apoyo para dejar a salvo la democracia. La lógica de AMLO ya se ubicó en la frontera y ha empezado a patear el tablero institucional.

Hay dos premisas importantes para entender las claves que sigue el líder perredista, AMLO se adelanta al resultado de la calificación electoral, cuya fecha límite es el próximo 6 de septiembre. Prácticamente da por hecho que se confirmará a Felipe Calderón, por ello ya estableció el puente con la siguiente fase, una vez que la elección sea calificada. Las medidas anunciadas en el zócalo, el pasado domingo 13 de agosto, dan cuenta de un movimiento largo que ya no está en la lógica electoral, sino en una resistencia incierta y contestataria. Quiere el cambio de las instituciones del país a partir de un gobierno paralelo. La otra premisa es la visión sobre la democracia para AMLO, porque parece que lo electoral fue un instrumento que ya quedó atrás. Para López Obrador las elecciones no fueron limpias, y como no hubo voto por voto, la calificación del Tribunal será una imposición. Al perder la elección, se descalifica todo el proceso y la decisión del Tribunal.

Por todas partes se cubre AMLO, juega a lo electoral, pero al final, ante un resultado que no lo favorece, impone condiciones de impugnación que no se ajustan a sus demandas políticas. ¿Por qué razón la coalición Por el Bien de Todos no impugnó toda la elección, los 300 distritos y las 130 mil 477 casillas para poder equiparar el argumento jurídico con la demanda política? La respuesta puede tener varias explicaciones, desde incapacidad jurídica, hasta que no todo el universo era impugnable, pasando por un cálculo de que el movimiento y la presión política se encargarían de convencer a los magistrados para que ordenaran el conteo de todos los paquetes. Lo cierto es que el Tribunal Electoral aplica el sistema de medios de impugnación y resuelve, esa fase aritmética, hacer un recuento parcial de casillas. Los resultados de este mecanismo parece que no arrojan un cambio importante y no modifican la tendencia entre los dos punteros. Lo que sí deja ver ese recuento parcial de votos es la falta de pulcritud de la elección, la gran cantidad de errores, problemas importantes en la capacitación de funcionarios de casilla, responsabilidad no cumplida por el IFE, pero en las cuentas dejan un panorama similar al que existía antes del recuento.

AMLO también se cubre en la lógica social de su movimiento, porque pone por delante su causa y la solución de los grandes problemas nacionales, como su objetivo. Se abre aquí el problema de la utilidad de la democracia y se ve una posición difícil de sostener: como si la actual política económica fuera una imposición; como si se pudiera hablar de un cambio de modelo económico sin caer en puras generalidades; como si se pudiera ignorar que la democracia electoral ha traído gobiernos divididos que hacen cada vez más complicadas las decisiones; como si México no formara parte de un entramado internacional; como si la pobreza y la desigualdad fueran la imposición de un gobierno. En fin, con este salto que hace AMLO y su movimiento dejan atrás lo electoral y entran de lleno a la estrategia de una suerte de gobierno paralelo. AMLO dice que quiere "defender a la democracia", pero lo quiere hacer desde una abierta descalificación a las decisiones institucionales.

Los defensores de la democracia son los que han atentado en su contra. La lista es larga e incluye a AMLO. En primer lugar están los partidos que no quisieron hacer las reformas electorales para tener otro escenario y además violentaron el consenso para integrar el Consejo General del IFE. Por supuesto, están los candidatos punteros, Calderón por la propaganda sucia durante la campaña y AMLO por la radicalización de un movimiento y el "secuestro" del corredor zócalo-Reforma. El árbitro, el IFE, por su falta de contundencia, sus errores estratégicos, la falta de pulcritud y la actitud omisa ante los intereses poderosos. Vicente Fox, por una obsesiva intervención en contra de AMLO. Los gremios empresariales, por violentar el orden electoral y montar una campaña partidista. La lista puede seguir, pero lo relevante es la falta de respeto de estos actores con el proceso democrático. Su incapacidad para respetar los valores democráticos de tolerancia y pluralismo. Su imprudencia de llevar la legalidad a extremos y presiones que terminarán por reventar la frágil institucionalidad antes de poder reformarla.

En suma, el discurso de AMLO es "defender a la democracia", pero el supuesto político es otro: "Si no puedo gobernar yo, tampoco lo podrá hacer el otro". Se quiere ganar en la calle lo que se perdió en las urnas. Así, los defensores de la democracia tienen al país contra la pared.

Investigador del CIESAS