Primero: los campamentos bloqueando vías de circulación sustanciales de la ciudad de México representan, de entrada, una colisión de derechos entre las libertades de expresión y manifestación, y las libertades de tránsito, además de un golpe en la línea de flotación de AMLO. Esta circunstancia ha generado que buena parte de su electorado decida no transitar con él esa nueva fase de resistencia civil. Encarece los costos para argumentar que se trata de una idea genial para quienes defienden su causa. Asimismo, coloca en una situación complicada al jefe de Gobierno actual y al entrante, quien habrá de pasar de participante en bloqueos de circulación a ser el vigilante de que nadie más lo haga.

Segundo: el gobierno de la ciudad de México ha incurrido probablemente en omisión al no aplicar el bando que prohíbe esos bloqueos. La Cámara de Diputados y la Secretaría de Gobernación han hecho exhortos para que el gobierno capitalino se conduzca conforme a derecho, pero se deja de lado que el secretario de Seguridad Pública y el procurador general de Justicia del Distrito Federal son designados por el Presidente de la República. De esta suerte el gobierno federal es, en todo caso, partícipe de la eventual violación de derechos. Exhorta, pero no aplica la ley de manera sustitutiva removiendo a las autoridades de seguridad o iniciando un juicio político. Todo, al final de cuentas, es una estrategia política. Imagine usted que el señor Mochaorejas, en su momento, o los señores de Los Zetas, ahora que están en el radar público, recibieran "enérgicos, pero respetuosos llamados de las autoridades de procuración de justicia, a través de desplegados y spots, a no secuestrar o privar de la vida a personas". Sería absurdo; se debe aplicar la ley y punto.

Tercero: las críticas de AMLO a los medios por reportar los campamentos y las molestias que ellos causan constituyen un error de puntería. Es labor periodística por ser hechos de interés público. No reportarlos no sólo afectaría la credibilidad del medio, sino violentaría el derecho a saber que tiene la comunidad.

Legalmente el medio tiene la libertad de informar según su línea editorial, hasta el límite de que no afecte derechos de terceros, en cuyo caso existe el camino judicial para que quien se sienta afectado reclame el derecho que considera ha sido lesionado.

Cuarto: por fortuna, la iniciativa de AMLO del recuento voto por voto transita por un carril paralelo a la de los campamentos en la percepción de la gente. Mientras casi todos reprueban el bloqueo de avenidas, un altísimo porcentaje, en cambio (72%, según la encuesta más reciente de Parametría), estaría de acuerdo con este ejercicio por razones de transparencia y certeza. Habría, además, que reformar la legislación electoral en cuestiones de fondo sobre las de coyuntura, incluyendo al mismo tiempo un nuevo Consejo General del IFE, pues el actual ya ha cumplido su ciclo.

evillanueva99@yahoo.com

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM