No hay democracia perfecta. El curso democrático está en marcha. Todos somos responsables de su avance. Clave de bóveda del edificio común, factor sin el cual sería impensable la convivencia, el principio de legalidad es garante de la armonía pública y del crecimiento económico con justicia distributiva.

Si se producen dentro de la legalidad, las turbulencias políticas vivifican a la democracia y contribuyen a la limpieza de la atmósfera social, como ocurre después de las descargas eléctricas y de las tempestades.

Existe asociación simbiótica entre las ideas de licitud y democracia. Una no podría existir sin la otra. Es racional toda aquella conducta fiel a la esencia de lo normativo. ¿Queremos una mejor democracia? La única manera de conseguirla consiste en nuestro apego irrestricto a la legalidad.

Como tres ruedas dentadas aptas para funcionar al mismo tiempo -una mueve a las otras dos-, la democracia, la política y la ley constituyen conceptos inseparables. Ninguno de ellos podría entenderse sin la fuerza complementaria de los demás.

Formulo las consideraciones anteriores a propósito de la insistencia de algunas personas empeñadas en exigir una "respuesta política" encaminada a resolver la discrepancia postelectoral. La vida es disputa y conflicto, pero también es vínculo y creatividad. Si la política es instrumento mediante el cual intentamos abordar de manera pacífica los diferendos, el derecho es el conjunto de disposiciones cuya aplicación hace posible la perdurabilidad de los pactos políticos. Ante cualquier circunstancia subordinémonos a la legalidad. Así se asentará el proceso democrático del país.

Los desajustes sociales son inevitables. La salud de un orden democrático no se mide por la ausencia de enfrentamientos -toda coexistencia es dificultosa- sino por la actitud asumida ante ellos y por la decisión de regularlos al amparo de las normas vigentes.

Si no transita conforme a derecho, el acuerdo político será un mero "arreglo" cuya precariedad pone a la convivencia en situación de riesgo y amaga de modo severo al ejercicio de las libertades individuales y colectivas. No hay salida duradera a ninguna desavenencia social si se concibe en contra de la juridicidad.

Cuando se dice: "es necesaria una negociación política", ella no debe concebirse al margen del entramado estatal. Un entendimiento seguro, longevo, ha de ajustarse a los códigos. Las instituciones democráticas son instituciones jurídicas por esencia. Fuera de la legalidad está lo irracional, lo antidemocrático, lo violento. En un Estado de derecho es tan prominente el Estado como el derecho.

La función civilizadora de la ley es fuente nutricia del poder legítimo y del imprescindible concierto social. En política la racionalidad es la democracia y ésta sólo puede ejercerse y consolidarse dentro del mundo normativo. Por encima de legítimas metas partidistas se encuentran la nación y la continuidad de la República. O la democracia es institucional o no es democracia.

Resulta anacrónica una buena parte de nuestro sistema jurídico. Su reforma profunda y su actualización son inaplazables. Pero mientras persista su vigencia ha de aplicarse de manera cabal y sin reservas: la paz de México está en juego.

Analista político