El proceso de transición democrática en nuestro país ha tenido como eje central transparentar la actividad política -en particular el proceso electoral-, hacerla confiable para la gente y acercarla a las instituciones, que deben estar a su servicio; este es un objetivo en el que todavía tenemos tareas pendientes. Las encuestas revelan que los mexicanos tienen poca confianza en los legisladores, casi a la par de los policías, que, sin duda, tienen un déficit entre la población.

La ciudadanización del IFE, la creación de un órgano jurisdiccional especializado -el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación-, junto con otras medidas administrativas, como la credencial de elector con fotografía o la aleatoriedad en la selección de los funcionarios de casilla, han tenido como propósito hacer confiable los resultados de las elecciones y dotar de legitimidad a las autoridades elegidas. También, los recursos públicos para ello han sido vastos. Es decir, en aras de brindar certeza y confiabilidad, no se han escatimado recursos, ni humanos ni técnicos ni financieros, incluso ante opiniones que consideran que algunos de estos procedimientos son excesivos. Pero no se puede hablar de excesos cuando se trata de garantizar la salud de la democracia.

Por eso, en el actual escenario postelectoral es indispensable recordar el propósito central de la transición para encontrar soluciones viables que despejen las dudas fundadas. Sólo la transparencia da certeza y legitimidad. Sobre todo cuando la diferencia entre los punteros es de 0.58%. El recuento voto por voto que ha solicitado la coalición Por el Bien de Todos quitaría toda sombra de duda sobre un resultado que arroja un margen tan estrecho entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa.

Gustavo Viniegra, un científico de gran respeto, ha puesto sobre la mesa una pregunta que me parece central: ante estos resultados, ¿qué tan confiable es esa diferencia para decidir el destino del país? En un artículo publicado por este diario, establece que existe la posibilidad de que errores humanos fortuitos y errores u omisiones del sistema de información puedan haber influido en el resultado. Asegura que para que no exista duda sobre el resultado tendríamos que estar seguros de que no hubo errores en más de un voto del conteo por cada mil 35 sufragios, lo cual es un margen difícil de garantizar en un proceso con las características de la jornada electoral. Viniegra propone realizar una serie de propuestas muy precisas y atendibles para despejar las dudas y garantizar la integridad de los resultados.

La sombra de la duda está entre la gente. Una encuesta realizada por Ipsos Bimsa, y difundida por EL UNIVERSAL, revela que casi la mitad de los encuestados, 48%, piensa que lo mejor sería el recuento de los votos de la elección, y que sólo 28% está en contra. Es un porcentaje muy elevado para ignorarlo. Aunque el PAN ha dicho que no está en su decisión el recuento de los votos, lo cierto es que una declaración para apoyar esta propuesta sería una muestra clara de voluntad política y ayudaría a distender el ambiente político. López Obrador ha reiterado que si Felipe Calderón se pronuncia a favor del voto por voto se modificaría la estrategia de movilizaciones. Sin embargo, el PAN se ha manifestado reiteradamente en contra del recuento de las boletas y esta posición despierta suspicacias, porque como dice el refrán: el que nada debe nada teme.

Pero el recuento voto por voto abonaría también a favor de la gobernabilidad. A quien resulte el próximo presidente de México le conviene agotar todas las instancias y todos los procedimientos necesarios para contar con una legitimidad incuestionable en el ejercicio de sus funciones. Ya he mencionado el caso de Óscar Arias en Costa Rica, quien siendo candidato ganador por un margen muy estrecho, solicitó el recuento de los votos para contar con legitimidad sin dudas en su gobierno. Esto se realizó a pesar de que la legislación de ese país no lo contempla.

Hacer todo lo necesario para garantizar la certeza debería ser, como ha sido, la regla de los demócratas.

Gobernadora de Zacatecas