Aparte de esos dos deseos, quiero adelantar mi opinión, desde luego basada en un orden personal de prioridades, sobre lo que el nuevo gobierno deberá resolver. Como lo he manifestado antes, considero que lo primero es atacar el grave problema de la desigualdad económica y social de nuestro país. Tal desigualdad se ha fraguado a lo largo de muchos años de políticas sesgadas a favor de los grupos más privilegiados, por lo que será muy difícil revertir en poco tiempo esa tendencia concentradora de la riqueza en pocas manos; pero si no se enfrenta el problema, el peligro de un gran estallido social será cada vez mayor. Me parece un gran error seguir admitiendo, explícita o implícitamente, que para progresar es necesario sacrificar temporalmente el ideal de la equidad. Primero hay que dejar crecer el pastel -señala esta lógica miope- y luego habrá que repartirlo; lo malo es que quizá ya no haya demasiado tiempo para aguardar a que el pastel aumente, sin que la violencia interna liquide a los pasteleros.

Acabar con la desigualdad tampoco significa otorgar dádivas gubernamentales, "torti-bonos" o programas para combatir la pobreza como los puestos en práctica en los últimos años. Lo esencial es hacer que la economía, el empleo y los salarios crezcan a tasas mucho mayores que las observadas, y para ello se requiere de una estrategia de Estado por la que se promueva la actividad interna, se arbitre sin bloquear, se extiendan las redes institucionales (que no las burocráticas) de protección social, se establezcan "reglas del juego" claras y sencillas y se propugne por brindar seguridad interna. Parecen objetivos inalcanzables, sobre todo si se persiguen en forma simultánea, por eso la idea de estrategia de Estado, a la que debe agregársele el adjetivo de integral.

El primer paso de ese proyecto es una reforma fiscal completa: ingreso, gasto y deuda pública. Sin ingresos suficientes, el Estado no podrá fortalecer la seguridad social ni ayudar a impulsar la economía mediante inversiones públicas, en especial en infraestructura, y tales ingresos no podrán llegar sin la adopción de un impuesto universal al gasto, tipo IVA, aunque se apliquen tasas tributarias muy bajas a los bienes de consumo básico. Un IVA generalizado es indispensable para reducir la evasión y contar con un padrón de causantes más amplio, lo que permitiría desarrollar un sistema de impuestos sobre la renta más eficaz (no necesariamente más elevado) y con un grado de progresión que no ahuyente el ahorro ni frene la inversión, pero sin tantos márgenes de excepción como los existentes. Del lado del gasto público resulta impostergable un manejo más trasparente y eficiente, que se traduzca en mejores servicios a la sociedad; bajar los sueldos y complementos que reciben los altos funcionarios puede ser una medida sana y popular, pero ella sola no resolvería el problema de escasez de recursos públicos.

Es claro que la economía mexicana es predominantemente de mercado, a pesar de sus muchas imperfecciones, entre otras el peso de los monopolios privados y públicos. La mera privatización de empresas estatales no sirvió para resolver los obstáculos al crecimiento, ni mucho menos para estimular el desarrollo del mercado interno. Habrá que repensar el papel del Estado en la economía y buscar cómo hacer que Petróleos Mexicanos (Pemex) y las empresas eléctricas gubernamentales sirvan de palanca para desarrollar un sector nacional de energía poderoso, dinámico y capaz de autofinanciarse en lo fundamental. La reforma de esas empresas públicas -que no su privatización- pasa por una gran trasformación de los sindicatos de las mismas, que han gozado de privilegios no sólo onerosos, sino discriminatorios del resto de la población trabajadora. Sin duda, el tema de la flexibilización del mercado de trabajo tendrá que abordarse sin que se descuide la protección de los derechos de los asalariados.

Podría alargar el recetario, pero baste con señalar que ni la privatización de todo ni la preservación de Pemex como "propiedad de la nación" (para beneficio de unos cuantos) deben verse como fines de política económica, sino como instrumentos para lograr crecimiento con menor desigualdad.

Profesor investigador de El Colegio de México