En contraste, los salarios reales se encuentran por debajo de las cifras alcanzadas en 1980. Desde entonces los salarios mínimos reales han caído 70% y los manufactureros entre 15% y 17% (2005). De la misma manera, las tasas de crecimiento de la economía se abaten. Aún en el periodo más reciente de 1990-2005, la economía apenas se expandió a 2.8% que se compara desfavorablemente con los ritmos anteriores al neoliberalismo (6.4%).

Se ha ganado la estabilidad, desenraizando los principales factores históricos de la inflación. El remedio al hábito nacional de vender menos de lo que compramos en los mercados internacionales ya no consiste en alteraciones bruscas en el tipo de cambio. Hoy, el acomodo lleva a reducir la expansión del empleo con políticas monetarias y fiscales dolorosas que comprimen el exceso de importaciones.

Otro poderoso mecanismo antiinflacionario se asocia a la apertura externa que da acceso al mercado nacional a los productores más eficientes del mundo. Desde el ángulo sociopolítico, el desmantelamiento del corporativismo obrero y la enorme acumulación de mano de obra excedente en el sector de productores informales, ha restado fuerza negociadora a los trabajadores. Los incrementos en la productividad laboral han rebasado casi crónicamente a la evolución de los salarios reales.

Sin embargo, el éxito de la lucha antiinflacionaria no ha sido gratis ni seguido caminos democráticos. Se ha debido sacrificar el crecimiento y con él la expansión ordenada de la demanda interna. No sólo el mercado de trabajo resulta incapaz ya no de ocupar, sino de disminuir la masa de la población excluida. Al propio tiempo, buena parte de los productores nacionales medianos y pequeños ven sus actividades o empresas disminuidas o arruinadas. El éxodo campesino y citadino a la frontera es incontenible. La pobreza y la marginación parecen enfermedades endémicas que no acertamos a corregir. Valgan dos datos ilustrativos: ya casi todo viene de fuera, las importaciones de manufacturas exceden en más de 50% al producto industrial. Mientras las ganancias corporativas acrecientan su peso en el producto, las de los trabajadores se reducen de 40% a 30% a partir de 1980.

Las finanzas públicas y las de las instituciones de seguridad social se encuentran desbalanceadas. La causa principal no deriva sólo del envejecimiento demográfico o de las resistencias de la élite económica a tributar, sino del lentísimo crecimiento del producto y del empleo. Entre 1980 y 2000, los ingresos fiscales se habrían duplicado con creces si el producto hubiese crecido a los ritmos históricos alcanzados entre 1950 y 1980.

La inflación ha perdido sus agarraderas internas. El gobierno tiene por ley las cuentas fiscales equilibradas; el Banco de México es independiente y sólo busca abatir los precios; no hay demanda excesiva de los consumidores nacionales; los trabajadores más que alzas salariales, buscan seguridad en el empleo. La inversión nacional o extranjera se expande moderadamente. Por consiguiente, la estructura de la economía, las relaciones laborales, las instituciones políticas, no favorecen el renacimiento de la inflación. Cuando más, influirán y poco los precios de bienes y servicios ajenos al comercio internacional e inflaciones importadas, como las de los precios de materias primas o de los energéticos. Fue y es poco democrático el manejo de las políticas de apertura y estabilización. No se intenta siquiera formar estrategias consensuales para paliar los efectos nocivos de la deflación y distribuir más equitativamente costos y beneficios. La inflación se ha desvanecido en los hechos, pero no en la terca instrumentación de medidas restrictivas, disciplinarias, aplicadas a empresarios y trabajadores.

Analista político