A mediados de mayo, la Secretaría de Gobernación lanzó una convocatoria para que los diferentes partidos políticos firmaran dicho pacto de civilidad, mediante el cual se comprometerían a ceñirse a los dictados de las autoridades electorales y, sobre todo, a reconocer los resultados electorales que emitan. Sin embargo, hasta la fecha, el acuerdo no se ha concretado, en buena medida porque mientras el gobierno convoca por un lado, por el otro, el presidente Fox insiste en mantenerse en campaña abierta a favor de la continuidad de su proyecto, no sólo en el territorio nacional, sino fuera de éste.

Es evidente que el clima de polarización es producto de la fuerte competencia que ha identificado ya a dos candidatos punteros, de la fuerte mediatización de la campaña electoral y de la ausencia de espacios para el debate sobre la oferta de políticas públicas específicas. Por ello, la campaña en esta última fase se ha centrado en la discusión sobre si el activismo presidencial sesga o no la competencia política, o si las campañas negativas rebasan o no los límites de la libertad de expresión.

Comprometerse a respetar las decisiones de las autoridades electorales no significa que quienes tengan reclamos frente al comportamiento del adversario, o frente a las decisiones del Instituto Federal Electoral no los hagan valer, todo lo contrario. La propia ley contempla la posibilidad de que los partidos impugnen cada una de las determinaciones del IFE, incluidas las del escrutinio y el cómputo de los votos, porque ello está en la naturaleza de una contienda transparente y equitativa. La existencia de mecanismos legales, previamente establecidos, asegura que quienes se sientan afectados en sus derechos e intereses como participantes en la contienda puedan interponer sus quejas para que las autoridades investiguen y resuelvan si éstas tienen fundamento y, de ser así, elaboren un nuevo recuento de los votos y dicten una resolución final.

Hoy, el pacto de civilidad es pertinente para los actores políticos en competencia porque cualquiera de ellos puede ganar y, entonces, para legitimar su triunfo requerirá del reconocimiento de los derrotados y no sólo de quien obtenga el segundo lugar, sino también de quien quede en el tercero. Pero el acuerdo es también una obligación de los actores políticos para con los ciudadanos, que además de requerir ofertas diferenciadas para normar su criterio al momento de emitir su voto, necesitan un contexto pacífico y civilizado, de compromiso de los actores políticos respecto de las reglas del juego, capaz de estimular la libre manifestación de las preferencias. Estas condiciones son las que garantizan que unas elecciones sean libres.

Es cierto que el IFE en tanto organismo autónomo tiene la facultad exclusiva de organizar y administrar cada una de las fases del proceso comicial, pero también es cierto que el gobierno federal tiene la obligación de apoyarlo con sus recursos institucionales y políticos para que pueda cumplir sus tareas cabalmente. La firma de un pacto de civilidad entre los partidos y el gobierno federal no implica una invasión de los terrenos de competencia del IFE, porque se refiere al contexto que rodea a la elección.

El gobierno no puede intervenir en la convocatoria al voto, ni en el escrutinio, el cómputo, o la calificación de la elección, estos son terrenos que le están vedados en aras de la imparcialidad, pero no sólo tiene la posibilidad sino la obligación política y moral de garantizar que todo ello se realice en un ámbito de tranquilidad social y de entendimiento político. Por ello, el gobierno federal es un actor clave del pacto de civilidad.

Profesora de la FCPyS de la UNAM