Si bien en muchos casos es prácticamente imposible revertir la enfermedad que aqueja a esos pequeños, una oportuna atención médica, en edades tempranas, podría mejorar su calidad de vida, lo que pocas veces sucede si la familia carece de recursos para darle seguimiento. Un niño que nace con problemas psicomotores y no es atendido apropiadamente desde su nacimiento, suele atrofiar sus articulaciones hasta la parálisis.

La directora de Programas Especiales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el DF asegura que su dependencia ya está armando un programa en el que tendrían que participar todas las instituciones de salud pública del país, para mejorar la atención médica de los menores con discapacidad, con énfasis en aquellos de menores recursos.

La pertinencia y urgencia de respaldar tal empeño es evidente. No es posible abandonar a su suerte a los niños con discapacidad. Y si bien todos los sectores de la sociedad deberían estar trabajando en tal dirección, el Estado es el que más obligado está a proveer las bases de un sistema, no sólo capitalino, sino incluso nacional, de atención a este sector de la población, tan vulnerable por su condición de desventaja ante la vida. No valdrían los criterios de rentabilidad o de mercado para rehuir a una responsabilidad tan grande como ésta.

Aun reconociendo que los recursos del Estado son escasos año con año, nada juistifica el abandono de quienes se ven en estas adversas situaciones. Ahora bien, si en la capital de la República se dan estas condiciones de adversidad, habría que imaginar lo que sucede en las zonas marginadas del resto del país, donde estas dramáticas expresiones también se suceden día a día y en condiciones de atención médica aún más deprimidas, por la carencia, en general, de centros de salud de tercer nivel, que la mayoría de las veces están ubicados en las grandes ciudades o sólo en el Distrito Federal.

Mantener ese estado de cosas es perpetuar la peor de las injusticias, al condenar a miles de pequeños mexicanos a sufrir vidas incompletas y dolorosas.

Al esfuerzo del DIF-DF han de sumarse los de todas las instituciones de salud del país, públicas o privadas, porque nadie puede quedarse fuera de esta cruzada. Está visto que lo hecho hasta ahora en materia de desarrollo social y atención a la niñez, tanto por el gobierno federal como por los gobiernos estatales, no ha sido suficiente para abarcar todo el espectro de niños necesitados de apoyo, mucho menos a quienes sufren de enfermedades congénitas que retardan su crecimiento y sus habilidades psicomotoras. Es urgente tomar conciencia del asunto, pero sobre todo cumplir con una responsabilidad innegable.