En historia, el descubrimiento de América estimuló una corriente de inmigrantes procedentes sobre todo de Europa y África. Alrededor de 700 mil europeos se trasladaron a América del Norte y al Caribe entre 1650 y 1780, 50% de los cuales había suscrito contratos de trabajo temporales, casi de servidumbre, a fin de cubrir los altos costos de transporte de la época. Después cobró vigor el tráfico de esclavos, bien entrado el siglo XIX (1840). Pese a la abolición (1807), a Estados Unidos ingresaban más de 50 mil personas por año.

Con todo, la primera oleada masiva de migrantes se produce entre 1850 y 1913, asociada principalmente con la liberación inicial del comercio y las perspectivas de progreso en el nuevo mundo, así como con las revoluciones, los conflictos religiosos y la escasez de oportunidades de ascenso social en Europa. A lo anterior se añade la reducción de los costos de transporte al sustituirse los barcos de vela por vapores. Entre 1846 y 1876, el flujo migratorio promedió 300 mil personas cada año que subió a más de un millón al comienzo del siglo XIX.

A partir de 1915, el desplazamiento migratorio se reduce por efecto de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de los años 30 y la aparición de políticas restrictivas. A pesar del abatimiento espectacular en los costos de transporte, esos fenómenos unidos al agotamiento de las fronteras de desarrollo de los principales países receptores, prejuicios étnicos o religiosos limitaron o suprimieron muchos de los incentivos a la emigración. Luego, el auge de las economías nacionales que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, el proteccionismo y las políticas de corte keynesiano, incidieron en el mismo sentido.

La combinación de esas y otras fuerzas cambia poco a poco la fisonomía de las migraciones. Europa, de expulsora, se convierte en receptora de emigrantes, como también los países exportadores de petróleo del Oriente Medio, mientras Asia, América Latina y África, pasan a ser expulsores netos de mano de obra.

Esos son los antecedentes inmediatos a la segunda gran oleada migratoria internacional que toma cuerpo, como la primera, acompañada por la ampliación de las libertades transfronterizas al comercio. Al parecer la internacionalización económica amplifica, ayer como hoy, los factores de atracción y repulsión que siguen a las desigualdades de ingresos, bienestar y oportunidades de progreso entre los distintos países. Se trata de un cambio estructural de primera importancia que tiene la dramática consecuencia de intensificar las magnitudes alcanzadas por los movimientos poblacionales. Hasta 1980, el número acumulado de migrantes internacionales ascendía a 100 millones; ya para 2000, la cifra rebasa los 175 millones (con un incremento anual promedio de 3.8 millones) para romper todos los records históricos.

También el sentido de los flujos migratorios se ha modificado medularmente. En el siglo XIX, las corrientes mayoritarias iban de naciones industriales consolidadas hacia naciones en desarrollo semivacías, que calificarían hoy como de economías emergentes (Estados Unidos, Canadá, Argentina, etcétera). En contraste, los movimientos de la población de hoy van de Sur a Norte, esto es, de la periferia al primer mundo. Por eso, mientras en 1960 las naciones en desarrollo retenían a 58% de los inmigrantes acumulados (42% restante se absorbía en las naciones desarrolladas), ya en el año 2000 las proporciones se habían invertido: 37% en las primeras y 63% en las segundas. Las cifras anteriores destacan varias mudanzas. En primer término, a la cuantía sin precedente de las poblaciones en movimiento se añade la preponderancia de los factores de expulsión sobre los atractivos de los países receptores, fenómeno inverso al de la gran oleada migratoria del siglo XIX.

Asimismo, las presiones migratorias del presente derrotan la acción de políticas crecientemente restrictivas o selectivas que estuvieron ausentes con anterioridad. Más aún, rompen las reglas del nuevo orden económico internacional que preconizan la circulación sin trabas de mercancías, instrumentos financieros y capitales, pero niegan las mismas libertades a los desplazamientos de la mano de obra entre países. Por tanto, la conclusión es inescapable: la marea migratoria latinoamericana de nuestros días está impulsada por el hambre y la desesperanza, resultado de la combinación desastrosa de las reglas del nuevo orden económico internacional con políticas nacionales asimétricas, volcadas a atender el acomodo externo pero sordas a las demandas democráticas de crecimiento y empleo de las poblaciones.

En efecto, de compararse los periodos 1950-1973 y 1973-2001, el ritmo de ascenso del ingreso por habitante latinoamericano se redujo en 57%, con resultados, aún peores, en materia de absorción de la fuerza de trabajo en el sector moderno de las economías. Los apremios de la sobrevivencia física impulsa a latinoamericanos y africanos a romper cualquier obstáculo o sanción al transgredir las fronteras políticas. Hasta aquí se han destacado algunos rasgos esenciales de los cambios en los flujos migratorios de nuestros días. En rigor hay influencias de distinto género que alimentan en la configuración de las políticas nacionales, sobre todo de los países huéspedes. Los factores demográficos influyen, sobre todo la caída de las tasas de natalidad y el envejecimiento de las poblaciones, singularmente de los países industrializados. En Europa, junto a restricciones para no acentuar el desempleo o recargar las finanzas de las redes de seguridad social, se busca estabilizar a la población emigrada, facilitando la reintegración familiar. En Estados Unidos el vaivén de las prelaciones migratorias sea en facilitar las transacciones económicas o hacer más estricta la seguridad fronteriza, parece moverse hacia este segundo objetivo después de los atentados terroristas de 2001.

En ese sentido, la iniciativa conservadora aprobada recientemente por la Cámara de Representantes, calificaría de acto criminal desde las entradas ilegales a territorio estadounidense hasta el dar trabajo o suministrar servicios sociales a los indocumentados. Con otra raigambre ideológica, ha surgido una iniciativa moderada en el Senado estadounidense consistente en otorgar hasta 400 mil visas a trabajadores invitados, iniciar la legalización de 1.5 millones de trabajadores agrícolas y permitirles, mediante la satisfacción de ciertos requisitos, el aspirar a la residencia. Este último enfoque satisfaría muchas de las preocupaciones mexicanas y, del mismo modo, se atenderían los intereses corporativos o partidarios al asegurar una oferta de trabajadores de bajos salarios que políticamente estarían impedidos de votar en el corto y mediano plazos. Además, la seguridad fronteriza quedaría de alguna manera reforzada al ganar la cooperación mexicana en programas binacionales.

Aparte de razones políticas, Estados Unidos objetivamente necesita establecer algún control sobre los flujos masivos de inmigrantes, de ahí las resistencias a conceder amnistía a los trabajadores indocumentados. Sin embargo, modernizar el régimen migratorio no sólo depende de disposiciones legales apropiadas y de acuerdos cooperativos con el gobierno de México en temas de seguridad fronteriza que, hoy por hoy, sólo podría satisfacer de manera limitada. En rigor, sería indispensable, por más que parezca utópico, implantar políticas casi análogas a las de la Comunidad Europea respecto de los países miembros de menor desarrollo que impulsen la reconstrucción o reconversión del aparato productivo, requisito indispensable a la creación de empleos del lado mexicano. Quienes diseñan, alientan o imponen las reglas económicas universales tienen responsabilidad de contribuir a la corrección de los efectos desfavorables, previstos o imprevistos, de las reformas.

La situación en que viven los emigrantes es difícil, excluyente, acaso impropia del país democrático y humanitario que los recibe, que les ofrece trabajos en número impresionante, pero les niega muchos de los derechos básicos. Los residentes mexicanos en Estados Unidos alcanzan 10 millones de personas (2003) habiendo sido menos de 900 mil en 1970. Los flujos anuales han pasado de 27.5 miles en el promedio de 1960-1970 a casi 400 mil entre 2001 y 2003. Los indocumentados, de representar 40% de los flujos temporales entre 1993 y 1997, alcanzan 75% en el periodo 2001-2003. Esos datos evidencian un problema desatendido por años: el fracaso de las políticas migratorias de ambos países, la falta de acuerdos binacionales y la ausencia de medidas correctivas de los severos desequilibrios en los mercados de trabajo de México.

Los migrantes son paupérrimos en México pero viven la marginación en EU. Los mexicanos pobres en ese país (26%) duplican con creces a otros inmigrantes (12.6%) y a las cifras de la población nativa (11.7%). Los servicios de salud excluyen a 53% de los trabajadores de esa nacionalidad, cifra que duplica o cuadruplica los coeficientes de los otros grupos mencionados. Aquí la carencia de documentos migratorios, la inserción ocupacional con baja remuneración y otros escollos magnifican su exclusión de las instituciones sociales básicas. La proporción de mexicanos que ha obtenido la carta estadounidense de nacionalización es más baja -casi 50% inferior entre 1996 y 2000- a la de otros inmigrantes. El mercado estadounidense de trabajo mantiene una alta demanda que ocupa a 90% de mexicanos, sobre todo en labores poco calificadas. En contraste, los salarios son reducidos, entre 50% y 60% inferiores a los del resto de trabajadores e inmigrantes. Hay factores sociológicos, pero ello es atribuible también a la baja escolaridad de los mexicanos y a la falta de documentación. Aún así las remesas enviadas ascienden a 20 mil millones de dólares (2004) que representan alrededor de 35% de los ingresos de los hogares pobres que los reciben. Y sin ese volumen de divisas, el déficit de la balanza de pagos se triplicaría con creces.

En suma, ya es tiempo de abordar integralmente este complejo problema, que se torna explosivo por haberse eludido durante décadas, dejando en el desamparo a enormes grupos de la población, allí y acá, mientras toman prelación dominante cuestiones como las de la seguridad fronteriza para EU o la estabilidad de precios en México. Para bien o para mal, los acuerdos migratorios a que se llegue reflejarán la conciliación o la asimetría de intereses no sólo de los gobiernos, sino de grupos socioeconómicos, demográficos, étnicos y políticos, así como la suerte de los intentos por validar derechos humanos universales que trabajosamente se mueven de ser derechos ciudadanos a ser derechos de las personas, independientemente de su ubicación geográfica. No se puede ser demasiado optimista pese a las expresiones abiertas y multitudinarias de protesta de la población hispana en contra del proyecto de ley del representante Sensenbrenner.

Analista político