Dicha sociedad no está dispuesta a pagar mucho más por los servicios que ahora recibe de los inmigrantes pero, a la vez, argumenta que se debe privilegiar la seguridad ante las múltiples "amenazas" que significa la migración indocumentada e ilegal.

A la vez, la medida aprobada el lunes por el Senado en Washington para legalizar hasta un millón y medio de trabajadores es de nuevo un avance importante, pero no soluciona el problema de fondo.

Es obvio que ni México ni ningún país le puede dar lecciones a otro sobre su derecho inalienable para controlar quién entra y quién sale al cruzar sus fronteras. Lo que es sumamente extraño es montar un gran espectáculo cada año para asignar a una super secretaría federal una cantidad creciente y exorbitante de recursos públicos, cuando parece que cerrar una frontera de 3 mil kilómetros podría ser una tarea imposible de realizar; cuando hay tantas empresas en Estados Unidos cuya competitividad sufriría; y cuando son tantos los ciudadanos estadounidenses cuya comodidad y estilo de vida sufrirían un gran deterioro sin los mexicanos.

Todo esto para no mencionar que el argumento del peligro a la seguridad que representan los mexicanos no puede sino causar estupor, ya que se trata de una relación de mucho tiempo, con fuertes lazos entre familias y regiones, que ninguna burocracia va a venir a moldear a su entero gusto.

Lo que ha hecho salir a las calles de Los Ángeles a 500 mil personas, y a decenas de miles más de Chicago a Phoenix, de Atlanta a Washington, y de Denver a Boston es la perspectiva de una nueva ley que penalizará como un crimen a castigarse con cárcel a todo inmigrante que sea sorprendido sin los papeles que lo acrediten para trabajar legalmente en Estados Unidos. Sufrirá una pena similar todo empleador que fomente la presencia de estos inmigrantes, si bien el Senado también enmendó la propuesta original de la Cámara de Representantes que aplicaba sanciones a sacerdotes, médicos y activistas que prestan asistencia a los indocumentados.

La gran pregunta en torno de esta movilización política inesperada es hasta qué punto tiene el potencial de convertirse en el catalizador de un esfuerzo sostenido y bien organizado por la comunidad latina para exigir, siguiendo el modelo observado en los años 60 de los descendientes de los inmigrantes de África, sus derechos como personas que han hecho contribuciones importantes al desarrollo de la primera potencia mundial. Y que se ponga un alto a las humillaciones que se les han hecho a lo largo de varias décadas.

Incluso si este fuera en verdad el nacimiento de una gruesa voz en demanda de justicia para los latinos, también está la pregunta de qué actitud mostrará la sociedad en Estados Unidos dado que estamos ya en un nuevo siglo y que se cuenta con la experiencia, luego de más de 40 años, de programas que buscaron integrar a los "afroamericanos" a la sociedad. Nunca ha sido buena idea esperar que lo que tuvo su impacto en ciertas condiciones hace muchos años se repetirá de manera automática hoy en día, así que los movilizados se podrían topar de todos modos con un gran rechazo.

También es cierto que el coraje mostrado finalmente por los inmigrantes en esta fase de la lucha podría llevar a aquellos de nuestros vecinos que aceptan la presencia laboral de los mexicanos a ser también audaces en su expresión de apoyo; esto, a pesar de la histeria de los grupos y las personalidades que denuncian a los inmigrantes ilegales como la causa de muchos de los males de su país. Entonces podría venir en los próximos años un trabajo político y legislativo más fino que privilegie lo que legisladores como Edward Kennedy y otros han expresado en diversas ocasiones, y que se acerca más a la actual posición oficial mexicana.

México quiere que se respeten los derechos de quienes ya dedicaron muchos años de su vida a laborar bajo difíciles condiciones en Estados Unidos, lo que significa una cantidad mucho mayor que aquellos a quienes se les otorgará ahora el beneficio de regularizar su situación migratoria. El gobierno apoya el plan de ordenar el flujo de los empleados, con las 400 mil visas temporales que Estados Unidos está dispuesto a facilitar anualmente.

Y parece que el gobierno en la capital mexicana está dispuesto a colaborar en nuevos controles que reduzcan drásticamente la inmigración ilegal, incluso comprometiendo recursos en la frontera común que sería una medida que durante muchos años fue tabú en la política mexicana.

Una lección política indudable de lo ocurrido es que los avances que se puedan lograr a partir de ahora dependerán de la presión ejercida por los trabajadores.

Habran detenidos y sancionados, surgirán controversias, y se verá si la nueva ley resiste la presión de la realidad donde una sociedad con un alto nivel de vida se permite contar con servicios de quienes están dispuestos a ofrecerlos, por las condiciones allá en su casa, a un menor costo.

Coordinador de asesores del secretario de Turismo