Un desconocido priísta inició la tarea; le siguieron 327 diputados de todos los partidos que votaron sin leer; vinieron inútiles foros y consultas en el Senado, y ya la mayoría de los senadores de PRI y PAN se aprestan a cerrar el tema.

Lo anticipé en este espacio. Era inminente. Era cosa de tiempo. La mayoría de los senadores de PRI y PAN se tomaron tres meses y medio en decidir, con igual resultado, lo que a los diputados les tomó tan sólo siete minutos. Van adelante con la minuta que contiene reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

De nada sirvieron las prolongadísimas consultas que se organizaron con autoridades, instituciones académicas, analistas, asociaciones civiles y sindicatos. Fue un mero ejercicio de integración del expediente histórico del caso, pero sin el verdadero ánimo de enriquecer la minuta enviada por los diputados. Sí, la minuta de esos 327 diputados que votaron en favor y sin uno solo en contra, incluida la totalidad de la bancada del PRD, y con su coordinador, Pablo Gómez, solicitando la dispensa de la lectura del dictamen. Y es que hoy, increíblemente, despotrica el PRD, en voz del senador César Raúl Ojeda, como si fueran ajenos, en contra de lo que ayer ellos mismos propiciaron.

Abdicaron los senadores de su atribución constitucional de fungir como auténtica Cámara revisora. Se limitaron a limpiar el terreno para aprobar, en todos sus términos, la insuficiente y deficiente minuta aprobada por su colegisladora, bajo la falsa premisa de que "esto es mejor de lo que tenemos".

Muchos nos sentimos frustrados de haber participado en innumerables reuniones de trabajo, de haber presentado documentos serios y susceptibles de haberse convertido en iniciativas de ley, de haber intervenido en foros públicos y de haber derramado litros de tinta en textos para hacer más robusta esa minuta. Todo fue ignorado. La línea es la línea.

Prefieren hoy los senadores no corregir los yerros de su colegisladora y seguir adelante. Calculan que, de regresar la minuta a la Cámara de origen, se atorará por la natural contrición que muestran los diputados ante su evidente desliz. Temen que vaya a la congeladora. Y entonces se conforman con la mediocridad. Sus razones tendrán.

No se atrevieron los senadores, tampoco, a articular una iniciativa de Ley Orgánica de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que, en paralelo, permitiera subsanar aquello de lo que adolece el proyecto de reformas provenientes de la Cámara de Diputados. Se van con lo que se tiene a la mano.

Mezquino sería afirmar, como muchos otros lo hacen, que este proyecto de reformas legales no contiene avances. Desde luego que presenta una serie de disposiciones que tienden a proyectar a un regulador autónomo, transexenal; que buscan propiciar la convergencia tecnológica entre los sistemas de radiodifusión con las redes de telecomunicaciones, y que pretenden transparentar la concesión de frecuencias para radio y televisión. No es cosa menor.

El problema está en la letra chiquita, en la lectura entre líneas, en los silencios del pautado. Es el diablo que se esconde detrás de cada detalle.

Y es que no puede hablarse de una verdadera autonomía del regulador mientras siga siendo el secretario de Comunicaciones y Transportes el que otorgue las concesiones de radio, televisión y de telecomunicaciones, a su discreción, con la mera opinión de la supuestamente renovada Cofetel; ni tampoco se puede presumir la sana transexenalidad de sus comisionados cuando sus cinco nuevos integrantes los designará el presidente Fox y con la venia de los actuales senadores, todos ellos en la etapa final de su mandato. Tres de los comisionados, por cierto, serán nombrados por un periodo de ocho años, es decir, que abarcará todo el próximo sexenio y un tercio del siguiente.

No se puede afirmar tampoco que estamos frente a una convergencia tecnológica plena cuando se simplifica la entrada de los radiodifusores al mercado de las telecomunicaciones, pero no al revés. Y no podemos alabar la promoción de la competencia si se impone una novedosa y absurda barrera legal a la inversión neutra o al otorgamiento de garantías al financiamiento externo en concesiones de radio y televisión.

Además, no puede hablarse de equidad en la explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios de telecomunicaciones si no es precisa la obligación, a cargo de los radiodifusores, de pagarle al gobierno federal una contraprestación equitativa.

Ni es de un país moderno, en fin, el disponer, por decreto de ley, que los actuales comisionados están impedidos para siquiera aspirar a ocupar dicho cargo en la nueva Cofetel. Eso es inconstitucional y fóbico. Y conste que no pretendo defender la pésima gestión de su presidente, Jorge Arredondo, que se ha traducido en el debilitamiento del órgano regulador por su negligente y sumisa forma de actuar. Es Arredondo el vivo ejemplo del conformista funcionario que dedica más tiempo a justificar lo que no ha podido ocurrir bajo su responsabilidad que a encontrar las vías para hacer que las cosas sucedan. Con todo, no se vale llevar al terreno de las leyes las facturas personales.

Mañana será un día clave. Será votado en comisiones unidas del Senado de la República el dictamen que aprobará la minuta de los diputados sin modificación alguna. Después, para el jueves, se discutirá y votará en el pleno. Y vendrá entonces la explicación formal y política de que se actuó con toda responsabilidad, mirando por los mejores intereses de la nación y sin haberse sujetado a presión alguna. Se dirá que la legislación así aprobada es mejor, aun con sus insuficiencias y deficiencias, de lo que hoy tenemos. Todos celebrarán su logro legislativo. Y, aunque posible, el veto presidencial se antoja improbable.

En pocas palabras, consummatum est.

javierlozano@jlamx.com