Este dramático empeoramiento de la distribución funcional del ingreso entre los factores de la producción no cayó del cielo: es un resultado intrínseco de la estrategia económica neoliberal. En primer lugar, la política salarial -en vez de ser utilizada como herramienta para distribuir equitativamente los costos de las crisis y los beneficios del crecimiento económico (cuando hubo tal crecimiento); elevar paulatinamente el nivel de vida de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso- ha sido repetidamente utilizada como instrumento antiinflacionario (fijación adelantada de los incrementos del salario mínimo -que marcan la pauta de los demás incrementos salariales- en porcentajes iguales a las tasas de inflación proyectadas, casi siempre superadas por la inflación realmente observada); como palanca deliberadamente contraccionista de la demanda interna agregada; y como factor espúreo de competitividad internacional (bajos costos laborales).

Como resultado, los ingresos de los trabajadores asalariados han sufrido una brutal reducción a lo largo de casi un cuarto de siglo de experimentación neoliberal. Los salarios mínimos fueron reducidos a menos de la tercera parte del poder adquisitivo que tenían en 1982 (al descender de 32.72 pesos en 1982, a 9.92 en 2005, a precios de 1994). Más aún, la política salarial retrógrada situó estas percepciones por debajo de las prevalentes en 1946 (cuando el salario mínimo fue de 13.32 pesos, a precios de 1994). No se trata sólo de una década perdida en desarrollo salarial, sino de seis décadas perdidas o, si se prefiere, de una regresión de más de medio siglo.

Los salarios manufactureros, que habían visto incrementar su poder adquisitivo de manera prácticamente ininterrumpida desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 70, con un incremento de 188% en su poder adquisitivo entre 1946 y 1975, al pasar de 44.40 pesos a 127.85 durante ese lapso -y que no obstante la política de topes salariales del gobierno de JLP mantuvieron casi intacto su poder adquisitivo logrado paso a paso durante los treinta años previos-, sufrieron un brutal deterioro bajo el modelo neoliberal, cuando perdieron 31.6% de su poder de compra (al descender de 127.25 pesos en 1982, a 87.06 en 2005), lo que representó una regresión hasta niveles inferiores a los observados en 1966 (cuando las percepciones diarias de los trabajadores manufactureros fueron de 93.11 pesos, a precios de 1994).

Los salarios contractuales promedio de las ramas de jurisdicción federal experimentaron, bajo el modelo neoliberal, un deterioro mayor que los salarios manufactureros, al caer de 51.79 pesos en 1982 a 19.80 en 2005 (a precios de 1994, en todos los casos); y lo mismo ocurrió con los salarios medios de cotización del IMSS, que perdieron 45.9% de su poder adquisitivo, al caer de 76.61 pesosen 1982 a 41.43 en 2005; al tiempo que los salarios del sector formal de la industria de la construcción, se redujeron de 69.41 pesos en 1982, a 36.55 en 2005.

En segundo lugar, aunque de acuerdo con los dogmas neoclásicos se esperaba que los bajos salarios conducirían a un mayor nivel de empleo, los mercados de trabajo no se comportaron conforme a los supuestos ortodoxos. Por el contrario, el exiguo y volátil crecimiento del producto nacional bajo el modelo neoliberal, trajo consigo un igualmente pobre y errático crecimiento del empleo. Durante el sexenio 1983-1988, de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 1980, en el conjunto de la economía mexicana sólo se generaron 509 mil empleos remunerados (a causa, obviamente, del casi nulo crecimiento económico: el PIB sólo creció 0.2% anual). Pero durante ese lapso, cada año tocaron las puertas del mercado laboral poco menos de un millón de jóvenes demandantes de empleo, de manera que 5.3 millones de mexicanos disponibles no encontraron puestos de trabajo remunerados.

Durante el periodo 1989-2003, según las últimas cifras del Sistema de Cuentas Nacionales de México Base 1993, sólo se generaron 7.6 millones de empleos remunerados, o sea 507 mil empleos por año; pero cada año arribaron a la edad de trabajar poco más de 1.1 millones de jóvenes, de manera que durante ese lapso otros 9.1 millones de trabajadores no encontraron una ocupación remunerada en nuestro país.

Como resultado agregado, en el lapso 1983-2003, quedaron sin ocupación remunerada 14.4 millones de demandantes de empleo. Durante el periodo 2004-2005, cada año arribaron a la edad de trabajar cerca de 1.2 millones de jóvenes, sin que se hayan creado en México suficientes puestos de trabajo remunerados.

En consecuencia, el abarrotamiento de los mercados de trabajo -que presiona los salarios a la baja, simplemente por efecto de la relación oferta/demanda, o sea por obra de la mano invisible del mercado- sumado a la poderosa mano negra de la política salarial depredadora, provocaron la caída de la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto.

Desde luego, la caldera habría probablemente estallado de no haber existido la válvula de escape de la emigración a Estados Unidos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, durante el periodo 1981-1990, un millón 655 mil 800 mexicanos emigraron a los Estados Unidos, es decir, 165 mil 580 por año; y durante el periodo 1991-1997, lo hicieron un millón 947 mil 600 mexicanos más, o sea 278 mil 229 por año. (OECD, Trends in International Migration. Annual Report 1999, París, 1999). Durante los años 1998-2004 -de acuerdo con cifras del Pew Research Center Project-, otros 3 millones 176 mil mexicanos emigraron a Estados Unidos, o sea 453 mil 714 por año (J. S. Passel y R. Suro, Rise, Peak and Decline: Trends in U.S. Immigration 1992-2004, Pew Hispanic Center, Washington, D.C., 2005). Así, durante 23 años de experimentación neoliberal (1983-2005), el sistema económico mexicano expulsó alrededor de 7 millones de connacionales (en su gran mayoría trabajadores varones) allende la frontera norte.

Sin embargo, la exportación de trabajadores, convertida en la rama más dinámica de la economía nacional, no logró contrarrestar el abarrotamiento de los mercados de trabajo. Además, las "reformas estructurales" del neoliberalismo acentuaron la heterogeneidad de nuestra economía. Por una parte, la apertura comercial unilateral, abrupta e indiscriminada, combinada con recurrentes sobrevaluaciones cambiarias y con el desmantelamiento de las políticas activas de fomento económico, en aras del libre accionar de la mano invisible del mercado, acrecentaron dramáticamente la desarticulación interna y la desigualdad en el desarrollo de la planta productiva; provocaron la pérdida de eslabones completos de las cadenas productivas, destruidos por el crecimiento vertiginoso del componente importado; eo ipso, generaron una creciente desvinculación entre la economía de mercado interno y un sector exportador que, lejos de ejercer un efecto de arrastre sobre la planta productiva mexicana, transmite sus efectos multiplicadores sobre la producción, la inversión y el empleo fuera del país, tendiendo a convertirse en industria cuasi maquiladora (o, lo que es lo mismo, en una economía de enclave); profundizaron la brecha tecnológica y de productividad entre los distintos sectores y ramas de la economía mexicana, trayendo consigo una escasa generación de empleos en el sector formal de la economía y un creciente desempleo encubierto en el sector informal de la economía (de baja tecnología y productividad), ensanchándose así las desigualdades estructurales. De hecho, el lento y volátil crecimiento del producto nacional y del empleo formal -o, cuando menos, remunerado- no sólo deriva de las estrategias macroeconómicas que han provocado los repetidos ciclos de freno y arranque, sino también de las debilidades estructurales de la economía, agravadas por la propia estrategia neoliberal.

La mano invisible del mercado no resolverá los problemas estructurales, ni las vulnerabilidades macroeconómicas de México. Si realmente deseamos encontrar el camino de la prosperidad nacional, es necesario desplegar una estrategia económica realmente integradora de la población en las tareas y los beneficios del desarrollo, así como una estrategia macroeconómica que atienda el crecimiento sostenido del producto nacional y del empleo, en vez de atender sólo la estabilidad de las variables financieras.

Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM