Se trata de conseguir dos condiciones: hacer más fuerte la unidad de España y la convivencia entre los españoles; y avanzar en el modelo de Estado. También se trata de mejorar la capacidad de autogobierno de Cataluña y de mantener y estabilizar los principios de solidaridad y cohesión entre todos los territorios.

¿Podremos sentirnos satisfechos los españoles y españolas porque el nuevo estatuto beneficie tanto a Cataluña como a España y porque la reforma contribuya a dar, por muchos años, estabilidad y robustez a nuestro sistema democrático y de convivencia?

¿La democracia española será más fuerte y la Constitución continuará siendo el referente de todos los españoles, incluidos los catalanes?

¿Los avances en materia de financiación y de competencias serán generalizables al resto de las Comunidades Autónomas que así lo quieran, abriendo camino para que todas dispongan de nuevos instrumentos, más eficaces y adaptados las nuevas circunstancias que han surgido en la evolución y desarrollo del Estado de las Autonomías?

La clave es el diálogo y la búsqueda del consenso como forma de hacer política y de llevar adelante reformas que mejoren la gestión de lo público; respetando el proceso que la Constitución marca para el debate de cualquier reforma estatutaria, como un dato de normalidad para vigorizar el sistema democrático.

La defensa de la legalidad vigente seguirá marcando el trabajo hasta el final de la tramitación, cuando el proyecto sea sometido al veredicto del Congreso, del Senado y del pueblo de Cataluña en referéndum.

Seguidamente, señalaré los aspectos fundamentales del Acuerdo previo alcanzado entre Gobierno y partidos catalanes: Definición de Cataluña, competencias y financiación.

El artículo 1, sobre la definición de Cataluña, tendrá un redactado idéntico al del Estatuto actual, que dice:"Cataluña, como nacionalidad y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica".

Se Introduce un Preámbulo descriptivo: "El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria, a Cataluña como nación.

La Constitución española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad". Todo ello se hace a la vista del artículo 2 de la Constitución, que considera a España como Nación de todos y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Con tal solución queda garantizado que la única "nación", desde un punto de vista normativo, es, tanto en la Constitución como en el Estatuto, España.

En materia de competencias, con este acuerdo se clarifica el ejercicio de los poderes entre el Estado y Cataluña, para hacer frente a las nuevas realidades sociales.

No alterándose las atribuciones que la Constitución reserva en exclusiva al Estado, Cataluña incorpora competencias nuevas, que se refieren a temas como inmigración -podrá gestionar los permisos de trabajo- o tecnologías; quedando garantizadas la gestión de la solidaridad interterritorial, la unidad de mercado y una Seguridad Social común.

En materia de financiación se establece un cambio potenciador de la autonomía fiscal catalana generalizable al resto de las Comunidades Autónomas. Habrá un único Modelo de Financiación.

El Estado seguirá como antes recaudando sus impuestos en Cataluña. Como hay impuestos del Estado y de Cataluña, habrá dos agencias tributarias, que colaborarán y que, en el plazo de dos años, gestionarán mediante consorcio los impuestos compartidos.

Se introduce una ampliación en la autonomía fiscal de Cataluña incrementando en 15 puntos 3 impuestos estatales que están parcialmente transferidos a las Comunidades Autónomas: El Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas y el IVA llegan al 50%. Y los impuestos especiales hasta el 58%

Además, el Estado se compromete a invertir durante 7 años en Cataluña una cantidad equivalente al peso de la economía catalana en el Estado. Esto compensará la menor inversión recibida por esta comunidad en los últimos 10 años.

El Estado seguirá, por otra parte, interviniendo en la igualdad entre los ciudadanos con la gestión de fondos como el de compensación interterritorial o los fondos europeos.

Hay dos partidos que no han aceptado el acuerdo. El Partido Popular ha impugnado la totalidad del Estatuto, considerándolo una reforma de la Constitución encubierta y lanzando una petición masiva de referéndum en toda España.

A mi juicio, es una peligrosa estrategia, que alienta la confrontación territorial y aviva imprudentemente un sentimiento anticatalán.

La incógnita es aún si el Partido Popular querrá entrar a negociar en la Comisión Constitucional, o mantendrá una posición de no global. Quizá sea el momento para que recapacite sobre su posición y abra una nueva fase, colaborando con el resto de las fuerzas políticas, introduciendo sus ideas y aportaciones para lograr un Estatuto de todos, abandonando la crispación y el catastrofismo.

El otro partido es Esquerra Republicana de Cataluña, al que le parece poco lo acordado. Es también pronto para saber qué hará, especialmente en relación con el sistema de financiación.

La decisión de Esquerra Republicana va más allá del Estatuto de Cataluña, porque, en caso de mantener una negativa a éste, se hace difícil compatibilizarla con su pertenencia a un Gobierno catalán que ha hecho del Estatut su gran proyecto.

Al mismo tiempo, no cabe duda que las relaciones de ERC con el Gobierno de José Luis Rodríquez Zapatero pueden enfriarse algo.

Lo que está claro es que el Estatuto Catalán, si llegara a aprobarse, constituirá una fase nueva de la democracia española, un paso federalizante, de gran descentralización.

Porque el resto de las Comunidades Autónomas verán a Cataluña como una referencia a seguir.

Desde el arranque de la joven democracia española, hay que reconocer a Cataluña su capacidad de ir en vanguardia del desarrollo tan impetuoso del Estado de las Autonomías, que ha hecho de España uno de los países más dinámicos de Europa

diegolgarrido@diputado.congreso.es

Secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, España