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La semana pasada se confirmó lo que era evidente. No habrá reforma política antes de julio. Varios diputados declararon que habrá foros, consultas, pero que no habrá periodo extraordinario de sesiones. Eso significa que aunque la iniciativa aprobada por el Senado en abril pasado fuera ratificada por los diputados en agosto, los efectos de la reforma tendrían impacto completo hasta 2024; dentro de 13 años. De ese tamaño es la magnitud del daño institucional que, por omisión, sufrirá el sistema político mexicano en los próximos años.

La reforma política aprobada por el Senado es la propuesta de cambio más relevante desde 1977, cuando tuvo lugar la llamada reforma de Reyes Heroles. Se trata de un conjunto de modificaciones coherente y efectivo para mejorar el desempeño del sistema político. Su corazón es la reelección legislativa que sacudiría la irresponsabilidad, conformismo y falta de profesionalismo con el que operan los órganos legislativos en México.

Correctamente el Senado legisló sin hacerlo para beneficio propio —es decir, los actuales senadores no podrían intentar su propia reelección en 2012, sino que serían aquellos electos en ese año quienes podrían optar por reelegirse cuando su periodo expirase en 2018. En el caso de los diputados, la primera reelección sería posible en 2015, sin beneficiar a los actuales.

La detención de la reforma en la Cámara de Diputados prolongará la entrada en vigor de la reelección al menos por seis años. Debido a que esta Legislatura difícilmente procesará el tema, si la siguiente lo hiciera en 2013, por ejemplo, su implementación debería recorrerse hasta 2018 para diputados —es decir, la primera ocasión que éstos podrían optar por la reelección— y hasta 2024 para senadores, a fin de cuidar el principio de evitar legislar en beneficio propio.

Aunque otros elementos de la reforma podrían empezar a operar tan pronto se aprobase —por ejemplo, la iniciativa preferente—, otros tienen plazos de ejecución requieren varios años de maduración. Por ejemplo, la propia reelección debe motivar a los partidos a cambiar y mejorar sus procesos de nominación interna. Ahora se postularía a diputados que pueden durar en su encargo hasta nueve años y senadores hasta 12. Las candidaturas ciudadanas, por su parte, requieren de reformas legales para establecer las modalidades de registro, financiamiento y fiscalización.

En el frente electoral, también habrá que esperar. A pesar de que las autoridades electorales han advertido la urgencia de atar varios cabos sueltos de la reforma de 2007 —por ejemplo, reglamentar el artículo 134 en materia de sanciones a quienes violen disposiciones de acceso a medios y de propaganda encubierta—, el Congreso fue omiso y simplemente pateó la pelota. Lo mismo ocurrió con la necesidad de actualizar la tipología de delitos electorales que data de 1996 y que impide que la Fiscalía de Delitos Electorales pueda combatir nuevas modalidades de financiamiento del crimen organizado, desvío de recursos públicos y compra del voto.

El Congreso también evadió legislar las causales de nulidad de elecciones, y con ello persiste una zona gris: por un lado, la ley establece reglas para propiciar equidad en la competencia, pero no hay consecuencias legales ni políticas para la violación sistemática de ese principio.

Las omisiones legislativas de 2011 en materia electoral serán los conflictos políticos de 2012. Y cuando ocurran, los partidos, lejos de reconocer su responsabilidad, querrán culpar a las instituciones electorales. Y en el plano más relevante y global, que es haber detenido la reforma política, la responsabilidad se diluirá porque en lugar de conflicto lo que habrá es más de lo mismo: impunidad legislativa, baja eficiencia gubernativa, improvisación, dimes y diretes.

Cuando se detuvo la reforma política en la Cámara de Diputados a fines de abril, muchos analistas, organismos ciudadanos y cibernautas protestaron. Buscaron endilgar un costo político a quienes se oponían a la reforma como una amenaza para motivar la acción. Pero el tiempo es el mejor aliado del statu quo: llegan nuevas noticias, destapes y escándalos, y asuntos tan relevantes quedan en el olvido. Por eso existe impunidad política, porque amplios segmentos de la clase política han aprendido que al final del día el tiempo está de su lado. Grite quien grite y pase lo que pase, la mejor vacuna consiste en aguantar tres días de periodicazos (y ahora de tweets). Después de eso el agua vuelve a la tranquilidad. Al silencio de la mediocridad y la impunidad.

@LCUgalde

Ex consejero presidente del IFE