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Editorial EL UNIVERSAL

Los subsidios de Procampo

Inspiración en el interés público, responsabilidad, búsqueda de la verdad, de permanente justicia y del cumplimiento de los de...

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31 de marzo de 2011


El 17 de febrero de 2010 el secretario de Agricultura Francisco Javier Mayorga contestó que “ni por ética” renunciaría al dinero —varios cientos de miles de pesos— que reciben él y miembros de su familia como beneficiarios de Procampo. Ahora la Auditoría Superior de la Federación revela, con base en el análisis de la Cuenta Pública 2009, que otros 576 servidores públicos toman también recursos del programa gubernamental. ¿Acaso el escándalo no es suficiente para que el gobierno federal haga algo al respecto?

La ASF demanda que los servidores públicos que cobran subsidios como productores agrícolas devuelvan apoyos por 5 millones 663 mil pesos, lo cual sería un buen gesto; sin embargo, el resarcimiento del daño no es suficiente en este caso. El simple hecho de que esos funcionarios hayan aceptado dinero —como si ello no implicara conflicto de intereses— los hace acreedores a cuando menos una sanción administrativa.

Muy probablemente los involucrados esgrimirán, como en su momento lo hizo Mayorga, que no hay ninguna ilegalidad en la acción de recibir apoyos del mismo instituto para el cual trabajan. Eso no le toca a ellos dirimirlo, sino a la Secretaría de la Función Pública, la cual no tendría que esperar a recibir una denuncia para actuar frente a tan claros indicios.

Lamentablemente, hay antecedentes para suponer la falta de acción de la SFP. A principios de 2010 —meses después de que este diario denunciara por primera vez que había pruebas de dispendio en Procampo— la Función Pública siguió sin pronunciarse, menos estuvo dispuesta a actuar. Hoy, cumplido un año de que el secretario de Agricultura admitiera que es beneficiario de los recursos que él mismo coordina, tampoco ha sucedido nada.

En todo caso, aun si suponemos que los agujeros legales permiten a los funcionarios ser beneficiarios de programas sociales, existen principios éticos que debieran limitar su actuación.

Algo muy grave sucede con un país cuando uno de sus secretarios de Estado deja de temer a la opinión pública y desestima el valor de la ética en el ejercicio de la función gubernamental; significa que la clase política ha llegado a un punto en el que considera innecesaria o despreciable la valoración de la ciudadanía.

A diferencia de lo que sucede en otros países, en México escándalos de esta clase no traen como consecuencia inmediata la renuncia de los implicados. El mismo mal aqueja a administraciones priístas, panistas y perredistas. Ojalá en lo que resta del sexenio el Presidente muestre que en este rubro su gobierno sí es distinto a los anteriores.



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