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Avanzan los derechos

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09 de marzo de 2011


La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Esto significa, a grandes rasgos, que las autoridades de todo el país tendrán más obligaciones de respeto hacia la ciudadanía y que los defensores de las víctimas de abusos poseerán mejores herramientas para realizar su labor. Buena noticia.

Entre las modificaciones se encuentra la incorporación del concepto de derechos humanos en el capítulo uno de la Carta Magna, un cambio que enfatiza la alta prioridad que el tema deberá tener en adelante. Se precisan y definen las circunstancias que ameritan un estado de emergencia, para que no cualquier problema sea usado como pretexto para violar los derechos de las personas. Se eliminan resquicios que servían a los gobiernos para ignorar los tratados internacionales, y fueron ampliadas las facultades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Algunos puntos generaron polémica como el haber quitado a la Suprema Corte de Justicia la facultad de investigar casos de violaciones graves a los derechos humanos —función que ahora asumirá la CNDH—, y la incorporación en el texto constitucional de las palabras “preferencias sexuales” como parte de las garantías a salvaguardar. Sin embargo, en el balance, la reforma implica un paso hacia adelante. Así lo reconoce la propia ONU.

Es un avance porque el camino hasta donde estamos no ha sido fácil. La CNDH fue creada apenas en 1990 a raíz de la presión de organizaciones no gubernamentales e instancias internacionales que denunciaban los constantes abusos contra la población. Originalmente la CNDH dependía de Gobernación, dos años después se transformó en una “agencia descentralizada” y en 1999 adquirió plena autonomía, gracias a una reforma constitucional. Desde entonces la Comisión ha sido eje de la defensa de las víctimas en contra de funcionarios autoritarios u omisos. Con todo, los años han demostrado que hacía falta una nueva actualización.

A últimas fechas la lucha contra la delincuencia evidenció que perseguir criminales, sin procurar el respeto a los derechos de la población, abona críticas hacia la que —en otras circunstancias— sería una noble causa a secas. No sólo se han cuestionado las prácticas de policías y militares, sino la de Ministerios Públicos, jueces e incluso gobernantes federales y locales.

Ojalá, una vez aprobada por los congresos estatales, la reforma sirva para que los derechos humanos en México ya no sean considerados excentricidades importadas del primer mundo, sino alimentos indispensables para un país democrático y justo.



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