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Jorge Luis Sierra

Los conflictos armados en México



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23 de febrero de 2011


Los niveles tan altos de violencia en México obligan a analizar la lucha contra el narcotráfico no sólo como la mera aplicación de la fuerza gubernamental, sino como la expresión de un conflicto armado que ocurre dentro del territorio nacional y ha provocado la muerte de más de 34 mil personas y el desplazamiento forzado de más de 230 mil individuos en los últimos cuatro años y medio.

Si analizamos la violencia en México a la luz del derecho internacional humanitario, México tiene la concurrencia de dos conflictos armados no internacionales de grandes dimensiones: uno consiste en el enfrentamiento entre las fuerzas federales contra los grupos de la delincuencia organizada y otro en el enfrentamiento de los mismos cárteles entre sí.

Las consecuencias han sido devastadoras para la población de los lugares donde ocurren las hostilidades armadas. Según estimaciones del Consejo Noruego para Refugiados, el conflicto armado en México ha arrojado el desplazamiento forzado de 230 mil personas, la mitad de ellos refugiados en Estados Unidos y la otra mitad como desplazados internos en México.

Esa existencia de desplazados es una demostración adicional de que la violencia en México se ha acercado al nivel de la guerra, tal como la describen las convenciones de Ginebra de 1949 y sus protocolos derivados.

El primer criterio del derecho internacional humanitario para definir a un conflicto armado es que el país alcance un mínimo de intensidad en las hostilidades armadas: al usar fuerza militar en lugar de aplicar la mera fuerza policial, México ha superado ese nivel mínimo de intensidad y cumple con el primer criterio de los conflictos armados.

Otro criterio es el número de bajas. Las normas internacionales distinguen a los conflictos armados de formas menores de violencia como disturbios o bandidaje, porque los primeros se caracterizan porque el número de bajas rebasa las mil muertes en combate al año. En México llevamos más de 34 mil en cuatro años, lo que sitúa a nuestro país en la condición de un conflicto armado de gran envergadura.

Otros criterios del derecho internacional humanitario tienen que ver con la existencia de partes en conflicto que adoptan un nombre, poseen fuerzas armadas organizadas, actúan bajo una estructura de mando y tienen la capacidad para llevar a cabo operaciones de guerra.

Al responder a la ofensiva gubernamental, basada principalmente en la aplicación de las fuerzas armadas, el narcotráfico se vio obligado a militarizar sus filas con la integración de soldados desertores y a adquirir dotaciones suficientes de armamento ligero para hacerle frente a las unidades del Ejército y la Armada de México. Los decomisos de armas con capacidad para penetrar los chalecos blindados de las tropas del Ejército o destruir vehículos militares terrestres o aéreos corroboran ese criterio.

Casi un millón de mexicanos están involucrados en forma directa en esos conflictos armados. La mayor parte de los 265 mil integrantes de las fuerzas armadas, más de 11 mil policías federales y cerca de 470 mil personas que trabajan para la delincuencia organizada participan en las hostilidades armadas, sin contar con los miles de policías estatales o municipales coludidos con los narcotraficantes.

Estos números nos dan una idea de la dimensión del problema. Estamos ante conflictos armados de una envergadura similar a la que afectó a Guatemala o El Salvador en los años 80, y necesitamos recurrir a las leyes del derecho internacional humanitario, pues estamos observando ejecución de prisioneros de guerra, agresiones armadas contra personal de la Cruz Roja y un número creciente de bajas colaterales. Lo que vivimos son los horrores de la guerra.

jlsierra@hotmail.com

Especialista en seguridad y fuerzas armadas



Editorial EL UNIVERSAL Elecciones con certidumbre


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