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Durante el régimen anterior, el Cuarto Informe de Gobierno era el momento estelar del Presidente. Al llegar ese cuarto septiembre, el titular del Ejecutivo ya había pasado el trámite de las elecciones de medio término, que le servían para disponer de una cómoda mayoría de políticos leales en el Congreso, y ya había seleccionado también a la mayoría de los gobernadores que le acompañarían hasta el final del mandato. El escenario era suyo y el ritual del informe le caía como anillo al dedo para subrayar los éxitos, los propósitos y los destinos de la nación.

Hoy las cosas han cambiado dramáticamente. El Presidente de la República llega al Cuarto Informe del 2010, rodeado de problemas y de amenazas de toda índole y con muy poca fuerza para enfrentarlos. No cuenta con la mayoría en el Congreso, ni tampoco con la lealtad de la mayor parte de los gobiernos locales. Los partidos de oposición bloquean sus políticas principales, los líderes parlamentarios del PRI se dan el lujo de desdeñar sus invitaciones al diálogo, los gobernadores le condicionan y aún le niegan el respaldo que les pide para enfrentar la inseguridad, y los alcaldes, llamándose a ofensa, se oponen abiertamente a la estrategia que les propone.

El Presidente tampoco cuenta, como sucedía en el pasado, con el respaldo inequívoco de los medios. A medio camino entre sus propias preferencias políticas y la oferta al mejor postor, ni la tele, ni la radio —ni mucho menos la prensa escrita— son ya las cajas de resonancia de los informes presidenciales. Aunque aún cuenta con espacio de sobra para publicar sus mensajes, hoy el Presidente está obligado a ganar los debates. Ya no puede ordenar lo que se dirá, ni repetirlo hasta volverlo verdad, sino que tiene que construir argumentos y producir la información pertinente para darle credibilidad a sus dichos.

Y no tiene tampoco a las grandes corporaciones que, hasta hace unos años, salían a la calle con las consabidas pancartas que decían: “Gracias, señor Presidente” —aun cuando quien las portaba no tenía ni la más pálida idea de las razones que había para enarbolar esa gratitud—, ni tampoco el respaldo incondicional de los grupos empresariales nacidos bajo la sombra de los negocios prohijados por el gobierno.

Ya no hay ritual, ni razones para reestablecerlo, porque el Presidente de la República ya no encarna ese régimen que dejó de existir. Pero tampoco tenemos todavía otra forma de procesar los conflictos políticos, pues ni siquiera prosperó la iniciativa que el presidente tomó hace apenas un año en su Tercer Informe de Gobierno, cuando tras la derrota electoral del 2009, propuso un decálogo para “pasar de la lógica de los cambios posibles, limitados siempre por los cálculos políticos de los actores, a la lógica de los cambios de fondo que nos permitan romper las inercias y construir, en verdad, nuestro futuro“. En aquel discurso y en las entrevistas que concedió en esos días, el Presidente parecía convencido de que, si el país no pasaba por esas reformas fundamentales, sería imposible seguir gestionando los problemas públicos más apremiantes. Y aquí estamos, un año después, sin haberlas pasado y en condiciones aun peores.

No obstante, el Cuarto Informe será precisamente un recuento de lo que fue posible y un nuevo llamado —casi una súplica— a todas las fuerzas políticas para salvar el sexenio de sus peores augurios. A cambio, tenemos más carreteras, mejor infraestructura urbana y social, una cobertura mucho más amplia de protección social en salud, programas de asistencia consolidados y poco más. No es poca cosa, pero no alcanza ni remotamente a compensar el gravísimo deterioro de la seguridad pública, hasta extremos que empiezan a parecer increíbles, ni el incremento de la pobreza y de la exclusión social, que ya nos marcan como una nueva generación perdida: las dos grandes promesas con las que llegó el Presidente y que hoy se han convertido en una pesadilla común.

Con todo, carece ya de todo sentido creer que las respuestas a esos problemas están reposando en Los Pinos y que pueden emanar repentinamente de las manos del Presidente. No es cierto ni lo será en el futuro próximo, pues eso supondría restaurar el régimen anterior. Las debilidades del Cuarto Informe deberían servirnos, más bien, para llamar a cuentas a todos los otros actores que antes obedecían y hoy festejan su independencia política sin hacerse cargo de la responsabilidad que eso implica. Queríamos un Presidente más débil y ahí lo tenemos. Pero no queríamos que se fuera también la capacidad del Estado para resolver los problemas públicos.

Profesor investigador del CIDE