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A la memoria de Fidel Samaniego, cronista, amigo y luchador por los derechos humanos.

Habla Raquel: “El día 5 de julio del 2010, me llevó a trabajar a una casa en San Pablo, en el callejón ‘Santo Tomás’, donde hay muchas chicas como yo, a las que urge rescatar. Todas vivimos ahí algo terrible, yo no podía escaparme”.

Y ahora escucharemos a Sara: “Todo comenzó hace cuatro años, al morir mi madre. Yo tenía 13… Me fui a vivir a la casa de una familia… (La señora) me convenció a base de mentiras para que al igual que ella brindara el sexo servicio sin importar que fuera menor de edad… Cuando descubrí que todo era mentira, huí… He pasado momentos muy desagradables a lo largo de mi proceso, como cuando en el juzgado se burlaron de mí. Me hicieron preguntas absurdas y otras dolorosas de responder. Me paseaban frente a la familia de los acusados como si nada pasara. Hubo momentos en los que me sentía desprotegida por las autoridades… Tengo muchas amigas que las enamoraron y engañaron para obligarlas a prostituirse, otras que fueron filmadas para pornografía, otras que fueron torturadas, secuestradas y violadas en grupo. Estoy hablando de niñas que vivieron las peores pesadillas que podamos imaginar… Le pido a todos los legisladores y a las autoridades de todo el país que trabajen sin parar hasta que la Ley de Trata esté en todos los estados y TODOS los tratantes, los clientes que buscan niñas, los dueños de los hoteles que permitían que me violaran allí y los dueños de los periódicos donde me anunciaban, tengan un castigo y estén encerrados para que no vuelvan a dañar a ninguna niña, porque no es justo lo que hemos vivido”.

La trata de personas en México, representa una de las tres principales fuentes de ingresos para el crimen organizado, y ha crecido en la mayor parte de los estados, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional.

Estas historias de vida, de profundo dolor, de abusos sin límites y de una indiferencia e impunidad a todas luces reprobables, las escuchamos el pasado 11 de agosto en un foro realizado en la Cámara de Diputados.

La trata de personas es un crimen y la ilegalidad que la protege y que hace fuertes a los victimarios, nos exige hoy reconocer esta esclavitud y actuar en consecuencia.

Las cifras proporcionadas por organismos civiles afirman la existencia anual de más de 20 mil niños, víctimas de explotación sexual originada por la trata, principalmente en zonas fronterizas y turísticas. Simplemente en la capital del país, Lydia Cacho ha señalado que concurren mil 528 mujeres en situación de trata, 947 de ellas menores de 17 años y una tercera parte proveniente de Brasil, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. De acuerdo con otro diagnóstico de organizaciones sociales, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas, sexual y laboral, y que las entidades con mayor riesgo de que se cometa este ilícito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.

No es aceptable que hasta hoy no se tengan ni una decena de sentencias por este tipo de delito, reflejo fiel y dramático de la renuncia que se ha hecho a la impartición de justicia y al reconocimiento de estos crímenes en el país.

No obstante que se ha avanzado en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos al ratificar instrumentos internacionales, acordar lineamientos legales, establecer organismos integrados por autoridades, sociedad civil y expertos, o constituir mecanismos de seguimiento a las acciones en materia de prevención, persecución y sanción, resta aún mucho por hacer.

A la fecha, más de 20 entidades federativas han modificado su legislación penal, introduciendo el nuevo tipo penal de trata de personas. Sin embargo, es imperioso trabajar para que en todos los estados se considere el tema de la trata de personas en sus códigos penales y se establezcan leyes en la materia. Esta tarea debe contemplar tanto la prevención, como la protección de las víctimas, el impulso a la organización social, así como la persecución y una clara y resulta sanción del delito.

Es justo reconocer en este Foro el trabajo de la Comisión Especial para la Lucha en contra de la Trata de Personas, así como la importancia de la iniciativa de ley presentada en abril de 2010 y que hoy se encuentra para su dictamen en comisiones. Tanto Raquel como Sara, reconocieron los apoyos que se les han brindado por la sociedad civil, así como por la PGJDF. La presencia en este encuentro del procurador Mancera Espinosa, y el hecho de que sea justo en esta entidad federativa donde se ha dado el mayor número de sentencias, nos permite, por un lado, destacar el trabajo de esta institución y, por otro, sentirnos alarmados por la insuficiente impartición de justicia contra la trata de personas en otras regiones de México.

Estos crímenes deben comprometernos urgentemente a coordinar esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno, así como entre el Congreso Federal y los Congresos Locales. Porque sólo en la medida en que las leyes se homologuen y las instancias responsables de impartición de justicia reconozcan y estén preparadas para enfrentar estos crímenes, las víctimas, en su gran mayoría mujeres y menores de edad, enfrentarán menos riesgos de caer en estas redes, o bien se hará justicia en lugar de la impunidad que hoy prevalece.

Esto implica trabajar muy fuerte para que los ministerios públicos y los jueces investiguen y sentencien la trata como un delito en que se reconozcan las conductas tipificadas para este crimen.

Resulta impostergable consolidar la Base de Datos Nacional y el Sistema de Georreferencia de Información Estadística sobre trata de personas, que nos permitirá saber la incidencia delictiva, número de victimas, modalidad de victimización, rutas y métodos de transportación que utilizan los delincuentes, y los sitios aprovechados para el tránsito fronterizo internacional.

No podemos olvidar la demanda reiterada de organismos de la sociedad civil a favor de la “Ley de Víctimas del Delito”, para establecer un sistema integral de protección y asistencia a las víctimas.

La trata de personas es un crimen en que confluyen la migración, la pobreza, la exclusión, la discriminación, la desigualdad, la degradación de valores y el crimen organizado y, en especial, la indiferencia y el desprecio a los derechos y dignidad de la niñez mexicana.

No podemos descansar, ni dejar que las autoridades lo hagan hasta que en todos los estados, las víctimas de la trata estén en libertad, y hasta que cada persona que haya hecho este terrible daño sea castigada con todo el peso de la ley. No podemos descansar hasta evitar que ningún menor sea abusado o mutilado de por vida por estas redes del crimen organizado, aliadas a la corrupción y la arbitrariedad.

La apuesta de libertad resulta, hoy, inaplazable para que las voces de Sara y Raquel y su sufrimiento tengan respuestas.

Coordinadora del PAN en la Cámara de Diputados