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Nunca antes dos organismos intergubernamentales habían hecho una visita oficial conjunta a un país para revisar de manera puntual el ejercicio de la libertad de expresión. El deterioro de este derecho en México logró alarmar de tal manera a la comunidad internacional, que del 9 al 24 de agosto, visitarán nuestro país la doctora Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y Frank La Rue, relator para la libertad de expresión y opinión de la Organización de las Naciones Unidas. Durante su visita se tiene previsto que se entrevisten con autoridades federales y estatales (de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero), periodistas, comunicadores, organizaciones civiles, diplomáticos y miembros del Congreso. La agenda será vasta y compleja; con cada actor se deberán buscar soluciones. El gobierno deberá alejarse de la tentación de justificar su ineficacia en vez de dar soluciones reales y suficientes. Sin embargo, como instituciones internacionales responsables de salvaguardar el derecho, se espera un informe preliminar público al término de su vista.

La visita llega tarde. Desde 2007, organizaciones nacionales habían solicitado de manera formal a la Relatoría de la CIDH que viniera a México. Por infinidad de pretextos presentados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se retrasó hasta ahora. Hoy, los relatores encontrarán un país más deteriorado, con mayores problemas que pudiesen haber sido evitados para ejercer libremente la libertad de expresión. Con un mayor número de víctimas y expedientes sin investigación y en impunidad. Los problemas se han acumulado y es momento de que el escrutinio internacional ayude a destrabar procesos.

En la agenda, seguramente, se atenderá de manera principal el serio problema de la violencia contra la prensa. Por lo que se conoce, se le pedirán cuentas a la Fiscalía de Periodistas de la PGR, así como a las autoridades locales. Deberá solicitar alguna explicación al Congreso de la Unión del por qué no han hecho su trabajo al dotar de un marco legal óptimo a la federación para conducir investigaciones. Es indispensable alentar la discusión para tomar pasos concretos para la creación de un mecanismo de prevención y protección. Y, sobre todo, ambos relatores deberán escuchar con oído fino a las víctimas y familiares de víctimas, porque son ellas las personas autorizadas para explicar la indignación y dolor por la ausencia de justicia. Asimismo, los relatores tienen la obligación de recoger la perspectiva de la prensa estatal, que por muchos años ha estado en la punta del deterioro de la libertad de prensa.

El escrutinio internacional debe servir para conducir una evaluación imparcial y de fondo. A pesar de que México se ha hecho acreedor de infinidad de recomendaciones internacionales en derechos humanos, y su cumplimiento no ha sido satisfactorio, esta es una nueva oportunidad para que el Estado muestre su coherencia y cumplimiento de su obligación de garantizar la libertad de expresión con acciones inmediatas y concretas. Al mismo tiempo, es importante que el informe final de los relatores con recomendaciones puntuales se dé de manera rápida con el fin de que sirva como insumo para comenzar a dar pasos claros para la protección del derecho.

La agenda, al mismo tiempo, deberá cubrir diversos temas relevantes para el ejercicio de la libertad de expresión; de ninguna manera se deberá quedar en las agresiones a la prensa, por más serio que sea este problema. A manera de ejemplo, ambos relatores se reunirán con el presidente de la Cofetel para promover una apertura del sector de telecomunicaciones que garantice la pluralidad y diversidad de ideas y opiniones, agenda que, por cierto, también será abordada con legisladores. De ninguna manera es un punto menor y se esperan recomendaciones puntuales por parte de los organismos en la materia.

De manera sigilosa, pero constante, los embates contra la transparencia y el acceso a la información han recogido el interés de la sociedad y de ambas relatorías. A pesar de ser un derecho con grandes avances, el acceso a la información intenta ser debilitado por el mismo Ejecutivo federal al pretender poner en tela de juicio las resoluciones del órgano garante. Por el trabajo de la doctora Botero y del señor La Rue, el tema de la transparencia y el acceso está de manera prioritaria dentro de su agenda nacional.

La erosión de la libertad de expresión está en el centro del fortalecimiento de nuestro régimen democrático. Su debilitamiento está teniendo repercusiones, tal vez, irreparables. La vista de la ONU y OEA no debe quedar en un simple “escrutinio light” donde se aparenta que se hacen cosas. Sé que no será así. Por ello, se espera de las autoridades seriedad, claridad, honestidad y transparencia para dialogar con los mecanismos internacionales y esta vez dar pasos efectivos para cambiar los paradigmas que nos tienen atados.

Coordinador de Artículo XIX, capítulo México