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El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se mantiene firme con una vela encendida y espera una salida al conflicto laboral. A poco más de nueve meses del decreto presidencial que extinguió Luz y Fuerza del Centro (LyFC), la negociación ha dado un giro favorable. La semana pasada, Martín Esparza tuvo una reunión con el nuevo secretario de Gobernación, José Francisco Blake, en la que este último ofreció la toma de nota a los 26 miembros del Comité central del sindicato. Ésta reconoce la renovación de la dirigencia sindical que ratifica a su líder Martín Esparza. Con esto, el sindicato se anotó un punto en favor que le devuelve cierta fuerza y legitimidad, perdidas en meses anteriores.

La negociación política sobre la figura de “patrón sustituto” quedó pendiente y aún se deben tratar un par de temas medulares: la restructuración interna del sindicato, la posible reincorporación laboral y sus condiciones, así como una reforma laboral que siente las bases de un sistema de rendición de cuentas sindical y que puntualice el carácter democrático de los sindicatos.

Desde una visión progresista, el sindicalismo debería descansar entre una estructura democrática de representación que rinda cuentas (a agremiados y no agremiados) y la salvaguarda de los derechos de los trabajadores. El argumento económico sobre la eficiencia de la empresa jamás debe anteceder a los derechos de los trabajadores, como sucedió con LyFC.

En relación con la negociación de la semana pasada, la figura de “patrón sustituto” plantea que los trabajadores sean reincorporados con un nuevo patrón, que en este caso sería la CFE. Esto significa un reto en materia laboral, pues una sustitución patronal implica que debe existir una relación laboral, situación que Javier Lozano ha enfatizado en más de una ocasión que cesó completamente y que ahora está pendiente de resolver en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA). Ésta determinará si ya acabó la relación colectiva de trabajo en el momento de la extinción de LyFC.

En caso de que la JLCyA apruebe la figura de patrón sustituto, la relación del contrato colectivo de trabajo sería entre el SME y la CFE. No obstante, la integración no sería sencilla, pues se podría modificar el contrato colectivo con nuevas condiciones laborales, pues es claro que las características de ambas empresas son muy distintas. A pesar de todo ello, el Ejecutivo tendría que estar dispuesto a recontratar al SME y celebrar una nueva relación laboral. Lozano se ha mostrado completamente cerrado a esta opción y atiza los ánimos al establecer que la relación ya cesó y que las contrataciones en CFE están abiertas sólo individualmente. Una vez que hayan ingresado, sus derechos serían tutelados por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

Evidentemente, el SME no comparte su opinión y el gobierno federal no parece que vaya a generar un nuevo contrato colectivo que incluya a los dos sindicatos dentro de CFE. Ésta no sería una mala salida al conflicto, si ambas partes establecen compromisos asequibles. En el caso del SME podría comprometerse con reformas internas de democratización, sistemas de rendición de cuentas y nuevos modelos de capacitación para sus trabajadores, mientras que el gobierno federal podría negociar un nuevo contrato colectivo de trabajo zonificado en toda la República que, a su vez, respete la autonomía sindical y establezca un sistema de justicia laboral claro y expedito.

En caso de que se determine que la relación laboral sí terminó, el SME tendrá pocas opciones. La primera es que aún mantendría personalidad jurídica como persona moral y podría celebrar nuevos contratos colectivos con otras empresas, situación poco factible. Otras opciones serían vender y repartir los bienes entre los agremiados o mantenerse en levantamiento y dar seguimiento al caso vía la Organización Internacional del Trabajo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Si se observa la gran fotografía del caso, conduce a reflexionar cómo están planteadas las relaciones laborales en México e inevitablemente lleva a repensar el marco laboral mexicano. En materia de sindicatos se esperaría una regulación con una perspectiva democrática en la elección de sus dirigentes y en la toma de decisiones, así como sindicatos que rindan cuentas de las cuotas de sus agremiados —por lo menos a sus agremiados— y como ya ha planteado Alberto Aziz, profesor investigador del CIESAS, al menos se esperaría llegar a un modelo de regulación laboral democrático con un sistema de justicia laboral imparcial. Tanto el SME como el gobierno federal deben cambiar la baraja y jugar nuevas cartas.

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Programa de Liderazgos Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert en México