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Rogelio Gómez Hermosillo M.
No hubo limpieza electoral
07 de julio de 2010
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2010-07-07

Si el árbitro se equivoca, el futbol padece y un equipo es afectado. Si no hay árbitro, o si éste no actúa para marcar golpes, sacar tarjetas y aplicar las reglas, entonces no hay juego limpio y no hay futbol. Algo similar sucede en los procesos electorales en México. Las instituciones electorales no son eficaces para garantizar juego limpio. Con estas condiciones la disputa en 2011 y 2012 está en riesgo.

En Oaxaca, en Puebla y en Hidalgo se realizaron operativos usando servicios y programas de gobierno, se usó el poder y el dinero público de forma escandalosa. En otros estados pasó lo mismo, con diferente intensidad, en gobiernos de diferente signo u origen político. En Veracruz, los candidatos usaron recursos públicos y condicionaron programas gubernamentales.

Por ese contexto resultó útil promover nuevos medios de observación electoral. El proyecto Juego limpio-voto libre 2010 de Alianza Cívica promovió la participación ciudadana a través del sistema cuidemoselvoto.org que permitió captar reportes ciudadanos desde Twitter, celular e internet con dos meses de anticipación y así recibir reportes de las condiciones previas. Los reportes resultaron después confirmados por las grabaciones. Alianza Cívica recibió más de 100 reportes de acciones ilegales de servidores públicos y coacción del voto. Por ejemplo, la presión a los trabajadores del ayuntamiento de Pinotepa Nacional, Oaxaca; o a los trabajadores de los colegios de bachilleres de Tecozautla, Huichapan, Nopala y Tlaxcalilla, en Hidalgo; el reparto de despensas desde el DIF de Huauchinango, Puebla; las amenazas de funcionarios del ayuntamiento de Tizayuca, Hidalgo, a beneficiarios del programa alimentario del DIF.

Ante estas acciones, los institutos electorales en los estados mostraron poca autonomía. En Veracruz, Oaxaca e Hidalgo fueron incapaces frente a las denuncias. En esos estados hubo violación del artículo 134 de la Constitución que obliga a los servidores públicos a “aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad”.

Pese a todo, el voto libre de la ciudadanía se hizo presente en Oaxaca y Puebla. Ahí la ciudadanía decidió participar y el voto libre se abrió paso en estados con caciquismo y clientelismo porque también tuvo apoyo de maquinarias de partido y aparecieron divisiones en el interior del bloque gobernante. Esa fue la diferencia con Hidalgo, donde Xóchitl Gálvez hizo una campaña austera y propositiva basada únicamente en su trayectoria y su propuesta. Ahí hubo ciudadanía con voto libre, pero no fue suficiente.

Gastar mucho dinero en las elecciones y generar nuevas fuentes de sospecha es el peor de los mundos. Las autoridades de Oaxaca, Veracruz y Puebla mostraron poca capacidad y mucha opacidad al poner en manos de empresas privadas instrumentos centrales de certeza y transparencia del proceso electoral. Esto es grave, porque el excesivo costo de las elecciones tiene como única justificación garantizar cada paso del proceso y blindarlo frente a las sospechas.

La disposición de gobernantes por coaccionar el voto crece. La impunidad de los delitos electorales refuerza esta cultura. Parece no haber autoridad responsable de investigar y sancionar las violaciones al artículo 134 de la Constitución. Es evidente que el régimen penal no es eficaz para enfrentar estas situaciones, se requiere una sanción de la coacción del voto y del uso de recursos públicos con efecto electoral. Y sobre todo se requiere que el árbitro y el Tribunal que revisa tengan autoridad legal y moral, legitimidad y compromiso con la democracia.

Presidente de Alianza Cívica

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