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Carlos, por su serena congruencia

En una colaboración anterior en este espacio (28/05/10) me preguntaba si México optará por un desarrollo futuro “verde” que, además de ser una reacción de nuestro país ante los presionantes problemas de tipo global que ya nos afectan (la pérdida de los ecosistemas y el calentamiento global de la atmósfera), atendería el otro gran problema complejo (en este caso social) que confronta México: la creación de empleos, el mantenimiento de las poblaciones rurales en su medio con empleos remunerativos, impidiendo su emigración y la atracción de regreso de grandes números de mexicanos expatriados a EU, que incluyen desde mano de obra poco calificada hasta diversos profesionistas, por ejemplo, ingenieros.

Hice en ese artículo una propuesta —nada nueva por cierto— consistente en revivir el sistema ferroviario de nuestro país, ampliarlo y fortalecerlo hasta hacerlo confiable y eficiente, aunque sólo fuese para movilizar toda la carga y los productos industriales y del campo, especialmente los provenientes de y dirigidos hacia EU. Otro grupo de actividades industriales podría girar alrededor del desarrollo de fuentes alternativas de energía, v.g. en la fabricación de turbinas eólicas, o bien de la producción de colectores solares para sustituir los calentadores de gas, domésticos e industriales, en el país. Hay varios otros de ese tipo, pero ahora quisiera centrar mi atención en algunos más bien relacionados con la dotación de valor a nuestro patrimonio natural (es decir nuestros ecosistemas) y que concierne a los aproximadamente 20 a 25 millones de ciudadanos que viven en y de esos ecosistemas y son sus dueños y que representan el quintil más marginado, social y económicamente, de nuestra población.

Existen en México dos espléndidos ejemplos de lo que podemos hacer en este sentido. Uno probado y hasta internacionalmente certificado como exitoso; el otro de un gran potencial de desarrollo, que aún requiere de ser adecuadamente evaluado en sus efectos sociales y ambientales. El primero de ellos se refiere a las empresas forestales comunitarias certificadas por su manejo sustentable; esto quiere decir que tienen planes de manejo aceptados por la autoridad forestal de México y han sido valoradas por agencias internacionales dedicadas a la certificación de bosques manejados sustentablemente. Pero el “chiste” no sólo está en el manejo sustentable, sino en la capacidad demostrada de integración vertical de un buen número de ellas, que lleva hasta la producción de muebles fabricados en las comunidades mismas, con madera certificada, por lo que adquieren un valor adicional en el mercado internacional.

El segundo ejemplo es el de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA), que fueron establecidas por Semarnap en su Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural, 1997-2000, y que se basan en el principio del aprovechamiento de especies que tienen un valor comercial, bajo la condición de que los ecosistemas en los que se encuentran sean protegidos, e incluso restaurados, para asegurar el uso indefinido de los recursos. Los dueños de esos ecosistemas, al recibir los permisos correspondientes se comprometen a tal manejo, pero se vuelven en recipiendarios directos de los beneficios económicos del aprovechamiento.

Existen actualmente unas 9 mil 700 unidades —la mayoría en la mitad norte del país— que cubren cerca de 34 millones de hectáreas. La derrama económica de esas unidades es alrededor de 5 mil millones de pesos, que van íntegramente a los dueños de la tierra. Las UMA cubren actividades tales como la cacería regulada de especies, el ecoturismo, la producción certificada de especies para su venta en los mercados, etc. No hay que inventar los modelos; ya los tenemos. ¿Podremos reproducirlos exitosamente?

jose.sarukhan@hotmail.com

Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM