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Hoy se conmemora en distintas ciudades del país, el primer aniversario de una tragedia sin nombre. Difícil resulta dar voz a lo indecible: articular el dolor que deben sentir decenas de familias humilladas y ofendidas. El saldo del incendio en la guardería ABC no sólo cobró innumerables vidas inocentes. También exhibió las miserias de un sistema que requiere urgente renovación.

A las 2:45 de la tarde del 5 de junio de 2009 comenzó la pesadilla. En la zona industrial rodeada de negocios de llantas y una gasolinera que se encuentra en la colonia Y Griega de Hermosillo, se produjo un incendio en la bodega estatal de Hacienda separada por muros aparentes de la guardería ABC, propagándose minutos después hasta donde dormían casi 200 niños de 10 meses a cuatro años de edad.

El sitio que nunca debió haber funcionado como tal en esta zona (pero que existía gracias al esquema de subrogación a particulares ideado por el Seguro Social desde 1999), en poquísimo tiempo se convirtió en trampa mortal que cobró la vida de 25 niñas, 24 niños y produjo lesiones graves a más de 70 criaturas indefensas. El espacio había sido alguna vez taller de maquila. Tenía adosado al techo una lona multicolor cuyos materiales eran altamente tóxicos, y que jugaría un papel principal en el sacrificio de los infantes, al hacer combustión y venirse abajo en el entorno donde la protección civil nunca fue prioridad para dueños y autoridades. Era buen negocio prescindir de personal especializado, instalar extintores o alarmas inservibles, puertas de emergencia clausuradas o que no eran abatibles. Así son las reglas no escritas en México, y así las consecuencias.

Los dueños de la guardería eran (son) miembros prominentes de la casta política, económica y empresarial del estado de Sonora y del país. Y el Estado mexicano fue incapaz de preservar la vida y seguridad de los hijos de trabajadores que habían confiado en su facultad elemental de proveer esas garantías.

Al sufrimiento de los familiares afectados se sumaron de inmediato nuevos agravios, y una extensa red de ocultamiento, corrupción e impunidad que nos tiene aquí —ahora— sin culpables a un año de distancia. Reinó la desorganización, el ninguneo y un obsesivo control de daños en los tres órdenes de gobierno, como se desprende del dictamen del ministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar y de la indispensable crónica de Diego Enrique Osorno: “Todos somos responsables”, publicada por editorial Grijalbo, de reciente aparición y obligada lectura para entender las verdaderas claves del incendio.

Y sin embargo, algo cambió a partir de ese día. De las cenizas de la tragedia surgió un grupo excepcional de madres y padres de familia, quienes conformaron con ciudadanos comprometidos el Movimiento para la Justicia 5 de Junio en Hermosillo, a escasos días del siniestro. A contracorriente de la amnesia oficial, los intentos de división o soluciones de corto plazo, su causa ha cosechado éxitos tangibles, y sigue prosperando.

Su demanda central es la obtención de justicia. La labor ha sido ardua y las resistencias institucionales continuas, pero gracias a su iniciativa acaba de decretarse el 5 de junio como Día de Luto Nacional. También plantea propuestas de largo alcance, como la Ley General de Estancias Infantiles o el establecimiento de un memorial en el lugar de los hechos, que sirva como lugar de homenaje, encuentro y reconciliación nacional.

La lucha de los papás y mamás ABC, es la de todos nosotros: porque hay que consolidar formas de transparencia y exigibilidad, y nuevos mecanismos de acceso a la justicia colectiva en temas o casos emblemáticos. De un desenlace que castigue a los responsables depende, en mucho, nuestro destino como nación obligada a preocuparse por el bienestar de los niños. Honremos a las víctimas del incendio cancelando toda posibilidad de que suceda otra calamidad como ésta en el futuro. Con ejemplos como el del Movimiento 5 de Junio, la justicia prevalecerá.

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Presidente de Alconsumidor, AC