Las dos innovaciones institucionales más importantes que sucedieron en el sexenio de Vicente Fox fueron la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). Aunque ambos esfuerzos fueron producto de una intensa movilización ciudadana, lo cierto es que en ambos casos el correspondiente procedimiento legislativo tuvo como uno de sus orígenes sendas iniciativas del Presidente entonces en funciones.
Es una lástima que el Presidente Calderón no haya decidido seguir esa senda de compromiso con las mejores causas ciudadanas, íntimamente vinculadas con la extensión de derechos fundamentales y con el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas.
No solamente no ha habido iniciativas en esos y otros campos cruciales por parte del Ejecutivo Federal, sino que desde las más altas instancias del gobierno se han promovido cambios regresivos y peligrosos. Eso demuestra que algunos funcionarios se sienten muy cómodos viviendo en la opacidad y preservando el sigilo en el ejercicio de sus funciones.
Durante este sexenio se aprobó una modificación legislativa que permite mantener bajo secreto las averiguaciones previas federales ya terminadas, con lo cual se fortalece la desconfianza en la PGR y se debilita la rendición de cuentas a la que deberían estar obligados todos los órganos del Estado mexicano.
La falta de compromiso de la administración de Calderón con la transparencia se demuestra por acción y por omisión. Por acción al impulsar iniciativas regresivas y perjudiciales. Por omisión al no comprometerse con iniciativas garantistas y de avanzada. Hace varios años que deberíamos haber tenido una nueva ley federal de transparencia, pero el Ejecutivo no parece estar preocupado por ello, al grado que no ha presentado ninguna iniciativa al respecto, ni en materia de acceso a la información ni en materia de protección de datos personales.
Un caso emblemático del nivel crítico en el que estamos instalados se observa en la resistencia de Hacienda, sin duda por instrucciones del Presidente, de negarse por todos los medios a cumplir con un mandato del IFAI para entregar información sobre créditos fiscales “perdonados”, cuyo monto supera los 70 mil millones de pesos, nada menos. Se ha recurrido a todo tipo de estrategias para evitar cumplir con lo señalado por el IFAI: amparos, recursos administrativos, quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una batería de argucias para dejar de cumplir la ley. Por si todo eso fuera poco, se acaba de lanzar un duro golpe contra la transparencia por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que acaba de entender en el Juicio de Nulidad 826/08-17-10-2 que las autoridades tienen una especie de “derecho” a no entregar información pública y que para hacerlo valer pueden acudir ante esa instancia. Lo curioso de esa decisión es que es contraria a varias normas jurídicas, pero sobre todo a la interpretación que ya han hecho varios tribunales colegiados de circuito (por ejemplo en el Amparo Directo 78/2007 y en el Amparo en Revisión 458/2004).
El contexto, en suma, no permite en modo alguno al optimismo sobre el futuro de la transparencia y del derecho de acceso a la información. La única esperanza reside en la posibilidad de que la opinión pública reaccione frente a una cadena de burlas y desprecio hacia sus derechos. La transparencia ha sido, desde su inicio, un tema de la sociedad civil que siempre le ha resultado incómodo a los funcionarios. Si por ellos fueran el secreto absoluto sería la regla permanente en la administración pública.
El avance de los derechos fundamentales y su garantía efectiva es una tarea democratizadora, pero sobre todo civilizatoria. No podemos dar pasos hacia atrás, porque de esa manera estaríamos saboteando nuestro presente y nuestro futuro. Ojalá que en la última parte del sexenio de Calderón pueda revertirse las malas cuentas que llevan hasta hoy. México lo merece.
www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell
Investigador del IIJ-UNAM
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