Mencioné en mi entrega de hace 15 días, que los diversos subsidios para la conservación de los ecosistemas deberían usarse para detener el deterioro y como medidas temporales de apoyo económico. Esto mientras se desarrollan programas de conservación y manejo sustentable de los bosques por sus dueños, que representen al mismo tiempo una mejora en su calidad de vida y reduzcan la dependencia permanente de los subsidios.
Una comisión del gobierno noruego ha publicado en internet (http://unfccc.int/files/methods_science/redd/country_specific_information) una lista del grado de preparación de diversos países y de cómo calificarían éstos como potenciales recipiendarios de dichos fondos destinados a evitar la deforestación y/o su degradación (tarea harto más difícil) de las zonas boscosas tropicales y templadas. México está entre los países mejor cualificados para optar por esos fondos. Esta valoración resulta de los esfuerzos iniciados y sostenidos por el país a lo largo de tres lustros; entre ellos hay que mencionar factores tales como la existencia de un Inventario Nacional Forestal periódico, a cargo de Conafor; de una buena capacidad de adquisición e interpretación de imaginería satelital del país a cargo de INEGI, Conafor y Conabio y, muy especialmente, de una capacidad ejemplar de adquisición de información sobre los ecosistemas y la diversidad biológica mexicana, información que además se ha hecho accesible a toda la sociedad mexicana. El mismo reporte incluye la recomendación de que México necesita terminar y poner en marcha su sistema nacional de monitoreo e instaurarlo como un programa continuo.
Diversas opiniones —y evidencias— empiezan a apuntar hacia la dificultad de llegar a compromisos vinculantes en la próxima reunión de Cancún en diciembre próximo. Las razones tienen que ver con la dificultad interna de varios países clave para establecer metas y tiempos concretos, como Estados Unidos y varios europeos, así como de las campañas ferozmente negativas —en especial en EU— que las industrias petrolera, automotriz, la agroindustria y otras han enderezado para desprestigiar los resultados del IPCC y de los científicos que trabajan en el tema; los argumentos usados para estos ataques son deleznables, pero tienen efecto en una sociedad como la estadounidense, que ha pasado de admitir, en 47% a mediados de 2009, que el calentamiento global es un problema generado por la actividad humana, a sólo 32% en el primer tercio de este año. Esta falta de respaldo social es bienvenida por legisladores que requieren camuflar un voto en el Senado o el Congreso, influidos fuertemente por los grandes intereses económicos de su país.
Si las predicciones de lo que puede pasar en Cancún resultan ciertas —y muchos deseamos que no lo sean— entonces adquiere una importancia aún más grande que se apruebe la idea de un “Fondo Verde” como el propuesto por el gobierno mexicano, o el mecanismo de REDD (reducción de deforestación y degradación de bosques) que tiene el gran atractivo de no “amenazar” a las industrias o a la “capacidad competitiva” de los países y podría representar reducciones en las emisiones de GI de hasta 20% en un periodo relativamente corto. Sin duda puede constituir un mecanismo de estímulo a la conservación de los bosques —pero aún más importante, de su manejo sustentable— que signifiquen beneficios económicos para los dueños de esos bosques. Estoy convencido de que México podría aprovechar un esquema de este tipo de manera muy eficiente para conservar su patrimonio natural y para ayudar a mejorar el bienestar de parte del quintil más marginado del país. Es un objetivo por el que vale la pena invertir todos los esfuerzos de negociación y diplomacia al respecto.
jose.sarukhan@hotmail.com
Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM