El Universal: Noticias de México y el Mundo.

Las acciones colectivas llegaron para quedarse. México es, junto con Haití, una de las últimas naciones en asumir como propios los compromisos en materia de acceso a la justicia que ya son moneda común en este continente, así como en Europa, Asia e incluso en África.

Como uno de los principales impulsores de este mecanismo de defensa jurídico a nivel federal y local en México, difiero de algunos juicios vertidos recientemente en estas páginas.

Respeto a cabalidad opiniones distintas: de suyo, la única abiertamente pesimista que ha aparecido en medio alguno. Lo lamento, porque hemos compartido preocupaciones y seguramente lo haremos en el futuro. Pero para el caso que ahora nos ocupa y con el debido respeto, el puritanismo constitucional a destiempo nos condena a seguir anclados a vicios, errores e inercias del pasado.

La sociedad civil, como nunca, se unió para apoyar la causa de los procesos colectivos en todo el país, y en todos los estados. Lo hace cada vez con más fuerza para temas de aplicación generalizada: derechos humanos, medio ambiente, patrimonio cultural, salud, competencia económica y un largo etcétera.

Se alegan defectos en la actual propuesta federal de acciones colectivas, aprobada unánimemente por el Poder Legislativo. Este escepticismo sería atendible, de haber generado inconformidades que nunca se han manifestado por parte de las mejores mentes jurídicas.

Al contrario. La tesis del grupo asesor de académicos, representado por figuras de instituciones públicas y privadas mexicanas, afirma que es un avance sin precedente. De otra forma no habríamos contado con el apoyo decisivo del legislador que presentó en la tribuna de San Lázaro la propuesta: don Juventino Castro, ex ministro de la Suprema Corte, diputado perredista, impulsor del amparo social y presidente de la Comisión de Justicia.

Nada mejor para una muy disminuida cúpula empresarial minoritaria, aferrada, recalcitrante y su ejército de mercenarios, que echar abajo este esfuerzo conjunto que se remonta por lo menos al año 2006, cuando se presentó por primera vez en público la posibilidad de superar rezagos vergonzosos en distintas esferas de la vida diaria. Porque lo que se propone como opción es, en el mundo real, una apuesta para que no avance nada:

Las mesas de trabajo en la Cámara alta fueron arduas. El proceso duró más de dos años. En efecto: la redacción que se obtuvo en el Senado (encabezada desde el principio por un firme defensor de esta figura jurídica: Jesús Murillo Karam, del PRI), pudo haber sido mejor. Sin embargo (en esos momentos, y dadas las alternativas), era la única posible y razonable.

Como muestra, basta un botón. Los verdaderos motivos del naufragio de la versión local apoyada —contra viento y marea— por los asambleístas Círigo (PRD), Tenorio (Panal) y Schiaffino (PRI) en la cuarta Legislatura de la ALDF, son atribuibles a la “asesoría” efectuada por los mismos cabilderos y actores externos —vinculados a intereses empresariales oligopólicos— que también operaron la contrarreforma federal desechada en su oportunidad por los actuales diputados, junto con sus pares en el Senado.

Por fortuna, la propuesta en el DF corre mejor suerte. Sin la abierta interferencia de los poderes fácticos. Avalada por la coordinadora del PRD y presidenta de la ALDF: Alejandra Barrales, y casi 40 asambleístas de la quinta Legislatura, la impulsan con entusiasmo David Razú y Maximiliano Reyes, ambos diputados locales perredistas. Todo parece indicar que cuenta con magníficas posibilidades de concretarse.

La ventana de oportunidad se está cerrando. Por primera vez en México, habrá justicia para víctimas de malas prácticas que, en virtud de ser incosteables para cada causa individual, constituyen el pan de cada día en miles o millones de casos. Tendremos la posibilidad de combatir frontalmente a proveedores abusivos y autoridades inescrupulosas.

Habrá sin duda dolores de parto y curvas de aprendizaje, pero es el precio que debemos pagar por asumir a plenitud nuestro destino.

Las acciones colectivas podrán emprenderse, muy pronto, en México. Suponer que las dos propuestas: la federal y la del DF (o las que vayan surgiendo en otros estados), son proyectos excluyentes es un error de consecuencias imprevistas. En tiempos de frágiles consensos y vísperas electorales, nos remitiría al peor de los mundos: cancelaría nuestra llegada a una tierra prometida que, aunque perfectible, es la que nos pertenece. Desde siempre, y por justicia elemental.

www.alconsumidor.org Twitter: @alconsumidor

Presidente de Alconsumidor, AC