El Universal: Noticias de México y el Mundo.

México enfrenta nuevos dilemas de gobernabilidad. Si en pleno contexto de la alternancia alguien hubiera sugerido la complejidad que enfrentaría el proceso de cambio político, seguramente habría sido calificado de aguafiestas.

Pocos imaginaron que a escasos años del primer gobierno de la alternancia, estaríamos frente a un entorno de creciente erosión de los “motores de la gobernabilidad democrática” (liderazgo, legitimidad, calidad del espacio público, efectividad del régimen político, calidad de vida y del bienestar). Más allá de la postura ideológica que se asuma y de las explicaciones que puedan darse sobre “una transición accidentada y una democratización interrumpida”, la calidad de la vida pública y la convivencia ciudadana se han estado deteriorando en los últimos años.

Por ello resulta relevante preguntarnos si ¿realmente el sentido y la valoración social por lo público forma parte central de nuestro mundo en común, es realmente una práctica arraigada en nuestra vida cotidiana? Todo pareciera indicar que, pese a los avances de la democracia electoral, la institucionalización de lo público como parte de las reglas del juego implicadas en la democracia incomoda a sus protagonistas.

En el México del bicentenario parecería que casi nadie está de acuerdo en nada, salvo en un extendido malestar con el orden político existente. Sin embargo, es posible identificar algunos ejes dentro del mar de diagnósticos, un mensaje resulta central en todos ellos: la recuperación de la dimensión pública del Estado y la dignificación social de lo público como lo que es común a todos, es de la mayor relevancia para darle forma y dirección a la calidad de la política democrática en tiempos de crisis e incertidumbre. Sin la cual la debilidad del Estado, la desigualdad y la fragilidad de las instituciones con su correlato inverso de expansión y peso de las instituciones informales en la vida pública, seguirán conformando el “Triángulo de las Bermudas” de la democracia a la mexicana.

A fines de la segunda mitad del siglo XX, el ensayo de Daniel Cosío Villegas, “La crisis de México”, interrogaba la viabilidad de la nación como país desarrollado y como “república democrática”. En aquellos años, la vida pública en realidad, era estrictamente privada, la política era monopolizada por el espacio de la familia revolucionaria y se articulaba en la fusión de un partido hegemónico sin distinción del Estado. Desde aquellas reflexiones de don Daniel el país es otro o parece serlo, pero la crisis estructural de lo público en México nos regresa a un país de grandes contrastes, distancias y paradojas.

Entre las principales encontramos un proceso de democratización que corre parejo con la expansión de “zonas marrones” y la persistencia de instituciones informales en diversos lugares del territorio nacional. A tal grado que lo público en México debería ser pensado como un lugar complicado donde impera la lógica de las instituciones informales particularistas en las prácticas sociales y en un estilo de hacer política y de gobernar que no ha dejado de ser dominante. Su rasgo central es la debilidad del sentido de lo público y la dificultad de trazar fronteras medianamente reconocibles entre un dominio público y uno privado. La extensión de dichas zonas implica que prevalecen legalidades alternativas, patrimonialistas e informales que coexisten y a veces se sobreponen a la legalidad establecida por el orden jurídico-estatal.

Donde impera este orden político la legalidad estatal se ha evaporado y rige una legalidad mafiosa en la que sólo queda perversamente un Estado, a través de los fondos públicos o los uniformes. El Estado pierde entonces su carácter público, aparece con una cara mafiosa y su credibilidad se reduce a niveles alarmantes. Ciudad Juárez es un caso dramático de disolución de la dimensión pública del Estado y de sus perversos efectos en la configuración del espacio público.

Ningún proyecto progresista de sociedad podrá omitir de su proyecto-país la erosión de la esfera pública-estatal, la fragilidad de las instituciones democráticas y el mar de desigualdades que conforman el “Triángulo de las Bermudas”. Siempre es grato estar de lado de los progresistas, pero: la posibilidad de una vida en común, de un país para todos, será difícil de imaginar mientras las propias izquierdas no asuman con toda la grandeza política, incluso en contra de sus propios intereses, los desafíos y los riesgos implicados en la crisis estructural de la vida pública mexicana.

A propósito de la reforma política: por cierto que los diseños institucionales modifican las reglas del juego del régimen, pero no transforman los “hábitos del corazón” ni la estructura del orden político, a lo mucho alteran las jugadas estratégicas de los actores. Que no se diga que guardamos silencio frente a una nueva ola de desencanto, tal vez no tan nueva.

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Programa de Liderazgos Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert en México