En sí mismo resulta muy relevante que la autoridad sanitaria de este país busque ahora sí regular los antibióticos de la misma forma como se hace en sociedades más cuidadosas de la salud pública. Sin embargo, vale la pena analizar tres posibles indeseables consecuencias.

La primera sería la competencia desleal entre farmacias debido a aquellas que indebidamente poseen consultorios médicos instalados en sus mismas oficinas. Obviamente un médico que trabaja en un lugar así, que cobra 25 pesos la consulta, prescribirá en función no sólo de los padecimientos del enfermo sino de las necesidades económicas de la farmacia para la cual trabaja. Ante esta eventualidad, podría reproducirse en el resto de las farmacias la simbiosis entre médicos y empleados de farmacia. (Roguemos cuando menos que todos posean una acreditación profesional).

La segunda consecuencia previsible es que las personas de mayor ingreso económico estarían en mejor condición de cumplir a cabalidad con las reglas, ya sea a través de una cita urgente con un médico privado o por medio de conexiones con galenos de generosa propensión a cobrar sus recetas. La persona de clase baja, en cambio, tendrá que hacer fila durante horas antes de obtener el mismo beneficio en un servicio de “urgencia” a menos que se vea obligado a erogar recursos con los que no cuenta.

Por último, cabe también suponer que el gran ganador de la nueva prohibición sería el mercado negro, tanto de documentos apócrifos como de medicamentos.

Una vez analizado lo anterior, no cabe duda de que una nueva normatividad debe ser acompañada de cambios en nuestra muy mexicana propensión a la automedicación y al deseo de asumirnos ante el resto de los mortales como médicos de formación empírica.

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