En medio de un agitado escenario político, el Senado ha comenzado el análisis de las varias propuestas de reforma política que se han puesto sobre la mesa.

Las comisiones de Reforma del Estado, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, comenzaron los trabajos para estudiar, consensuar y dictaminar las propuestas que formularon el Presidente, el PRD-PT-Convergencia, el PRI (al menos la fracción priísta de la Cámara alta, pues los diputados de ese partido adelantaron que plantearán otra), el PVEM —que presentó la suya la semana pasada—, más las que se vayan acumulando en los próximos días.

Es de resaltarse lo provechoso y rico de este ejercicio. La iniciativa presidencial, más allá de sus propuestas concretas, ha tenido un benéfico efecto desencadenador que ha provocado que los distintos partidos se pronuncien y presenten sus propuestas, mismas que han sido complementadas por un intenso debate público que ha involucrado a la academia, los medios de comunicación y a la opinión pública en general.

Los diversos planteamientos tienen entre sí una serie de coincidencias (con diferentes matices o formulaciones en cada una), de divergencias y de elementos complementarios que, de procesarse adecuadamente, pueden dar un importante apretón de tuerca en el proceso de transformación del Estado mexicano.

Los énfasis de cada texto son distintos. En el caso de la iniciativa presidencial se favorece la formación de mayorías a través de mecanismos institucionales (como la segunda vuelta de la elección del Ejecutivo aparejada a la elección del Congreso); en otros, como la propuesta del PRD, se fortalece el carácter representativo del Legislativo. La iniciativa presidencial subraya la necesidad de reforzar las capacidades del Ejecutivo para gobernar, otras, como la del PRD y la del PRI, buscan mecanismos de corresponsabilidad y de control, así como de rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Legislativo. Todas incorporan alguna variable de democracia directa, pero con modalidades y efectos distintos. Algunas agregan candidaturas independientes acotando el sistema de partidos; otras las rechazan y apuntan por no tocar las reglas que norman actualmente la materia. Unas más, la del PRD y la del PRI, plantean dar autonomía —de manera y grado diverso— a la PGR. Esto es sólo una muestra de la diversidad.

De cara a una batería de propuestas tan numerosas y distintas, el procesamiento de la reforma no puede pasar sólo por una armonización de las mismas, sino por una definición a priori del carácter que busca darle al Estado. Antes de la ponderación y el juicio de las diferentes propuestas en particular, resulta indispensable preguntarnos, hacia dónde queremos movernos y sólo entonces cuáles son los mejores planteamientos para conseguir ese objetivo.

Dicho de otra manera, el primer trabajo que debe enfrentar el legislador es consensuar un diagnóstico de los problemas del actual diseño constitucional para entonces pasar a discutir las mejores alternativas para resolverlos.

Ilustro el punto: me parece que uno de los consensos sobre los problemas que enfrentamos es la necesidad de darle gobernabilidad a un sistema político que se ha caracterizado por la diversidad y el pluralismo. Si ello es así, entonces debemos definir si la ruta para lograrlo pasa por un mero reforzamiento del Ejecutivo, incluso a costa de la merma de la representatividad política del Congreso —como algunos sostienen— o bien si la gobernabilidad debe lograrse sin mermar la representatividad y por la vía de encontrar nuevos mecanismos de colaboración y/o de rendición de cuentas. Es decir, si la solución pasa por reforzar un poder o corresponsabilizar a varios poderes en el ejercicio de gobierno.

La discusión de las propuestas concretas no puede anteponerse a las reflexiones relacionadas con decidir el carácter que debe tener la reforma, con los valores perseguidos y los principios que deben sostenerse; sería poner, como se dice, “la carreta antes que los bueyes”.

En todo caso, tal parece que el proceso de reforma, no con pocos tropiezos, arranca. Ojalá que al final del camino se acuerden cambios que dinamicen el funcionamiento de nuestro sistema político. Es un pendiente impostergable que debemos asumir con toda responsabilidad.

Investigador y Profesor de la UNAM.

Licenciado en Derecho por la UNAM y doctor en Teoría Política por la Universidad de Turín Italia. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (en donde coordina el área de derecho electoral) y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Experto en temas político-electorales, de formas de gobierno, de control constitucional y de derechos fundamentales. Autor de varias publicaciones de derecho electoral, derecho constitucional y teoría política. Analista y comentarista de temas jurídicos y políticos de El Universal y de varios medios electrónicos de comunicación.