Hay un aspecto en el que todas las iniciativas de reforma política que se han presentado ante el Senado parecen coincidir: abrir espacios mucho más amplios y generosos para la participación ciudadana. Unos entienden que la participación debe ser en el terreno electoral y proponen las candidaturas independientes. Para otros el servicio a la ciudadanía se presta a través de una mejor rendición de cuentas y para ello se proponen figuras como la ratificación del gabinete o la autonomía del Ministerio Público.

Aunque no lo parezca la reforma del Estado no solamente tiene que ver con los políticos profesionales y con las mezquindades a las que nos tiene acostumbrados la política. Al contrario: tiene que ver con todos nosotros; tiene que ver con la forma en que queremos vivir y con lo que nuestros representantes deben hacer.

La discusión fue puesta en la mesa por el presidente Calderón, por medio de la iniciativa que hizo llegar al Senado el pasado 15 de diciembre. En ese documento propuso introducir en la Constitución figuras como la iniciativa legislativa popular, las candidaturas independientes y una cierta forma de referéndum, para el caso de algunas reformas constitucionales. El PRD y otros partidos de izquierda fueron más allá y en su iniciativa de reforma política propusieron la revocación de mandato. El grupo parlamentario del PRI en el Senado dice, con toda razón, que las candidaturas ciudadanas ya existen como posibilidad a nivel constitucional y que, en todo caso, lo que hace falta es regularlas a nivel de la legislación electoral; la suya parece ser la iniciativa que aborda con mayor sistematicidad e imaginación los temas que deben ser discutidos.

Las iniciativas presentadas permiten abrir una discusión nacional de mayor importancia, creo que olvidan un aspecto fundamental de la reforma del Estado, entendida en clave democrática: me refiero al catálogo de derechos fundamentales que tenemos o deberíamos tener todos los habitantes. Ninguna de las iniciativas se detiene a proponer un régimen jurídico renovado para nuestras libertades, a pesar de que hoy están bajo fuego en tantos aspectos. La iniciativa del PRI contiene el asunto de la suspensión de derechos: propone que haya ciertos derechos que por ningún motivo se puedan suspender, lo que es congruente con los tratados internacionales que México ha firmado en la materia.

Sería ideal que los partidos políticos nos dijeran la forma en que visualizan una reforma profunda en materia de derechos fundamentales. Es decir, una reforma que nos aproxime más al ideal de una sociedad en la que no haya discriminación, en la que todos tengamos las mismas oportunidades para triunfar, en la que nuestras libertades no puedan ser recortadas de forma arbitraria, en las que estemos protegidos frente a la delincuencia organizada (incluyendo la que se perpetra o escuda en las instituciones oficiales). Ojalá que esa reforma a favor de la ciudadanía no tarde en llegar. Esa es la que nos interesa más y la que puede generar un espacio fuerte para una ciudadanía que sigue inerme.

El otro gran tema que se tendrá que analizar es el del federalismo. El nudo de atribuciones y competencias que actualmente tenemos no le sirve a nadie. La omnipotencia presidencial de antaño se ha sustituido por la lógica pequeño feudal de gobernadores que no rinden cuentas a nadie y que tienen más recursos que nunca. Entre 1945 y 1991 los estados ejercían un 14% del presupuesto nacional. Hoy ese gasto es cercano al 60%, pero la transparencia en su ejercicio sigue siendo muy precaria. El arreglo federal que México necesita no ha sido planteado todavía por nadie. Ojalá pronto podamos ver alguna propuesta seria que nos permita caminar hacia el federalismo mexicano del siglo XXI.

Las iniciativas de reforma que ya están a consideración de los integrantes del Senado suministran una excelente plataforma para avanzar en la dirección correcta. No hay excusas que valgan. Los senadores tienen todo para aprobar, durante el actual periodo de sesiones, una reforma que sea sistemática y que abone en el proceso democratizar el país, que todavía es tan precario e incierto. La reforma política es, hoy en día, la mejor apuesta que se puede hacer a favor del ciudadano. Ojalá todos lo entiendan así.

www.miguelcarbonell.com twitter: miguelcarbonell

Investigador del IIJ-UNAM

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Coordinador del Área de Derecho Constitucional del mismo Instituto.

Autor de 18 libros y coordinador o compilador de otras 29 obras. Ha publicado más de 280 artículos en revistas especializadas y obras colectivas de México, España, Italia, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Uruguay.

Ha coordinado las obras colectivas más importantes de México en materia jurídica, tales como la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada” (5 tomos), la “Enciclopedia Jurídica Mexicana” (15 tomos), la “Enciclopedia Jurídica Latinoamericana” (10 tomos) y “Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones” (25 tomos).

Miembro del Consejo Consultivo de la CNDH y de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Ha colaborado en la realización de iniciativas ciudadanas de ley; por ejemplo en la “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información”, la “Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación” y el “Proyecto de reforma constitucional en materia de juicios orales y debido proceso legal”.