Dos noticias en materia de educación coincidieron en los últimos días. Hechos que retratan cuan distantes son las decisiones en política respecto de las necesidades educativas del país.

La primera: que el secretario de Educación, Alonso Lujambio, decidió relevar a los titulares de la Subsecretaría de Educación Media Superior y de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, profesionistas con perfil técnico y académico, para poner a dos personajes con trayectoria ligada al PAN y al SNTE. Segunda noticia: 700 mil niños abandonaron la primaria y la secundaria en el último año, en parte, para ayudar a sus familias frente a la crisis económica. ¿Cómo responden los cambios en la SEP a ese problema o a tantos otros del sistema educativo? No se dijo en la conferencia de prensa. Eso sí, una de las primeras acciones del nuevo equipo fue solicitar la renovación de 8 de los 12 representantes de la SEP en los estados en donde este año habrá elecciones.

¿Dónde están los anuncios sobre las medidas extraordinarias emprendidas por la SEP para revertir la deserción escolar y para poner a los infantes reincorporados al corriente? El que las cifras sean nuevas no justifica la incapacidad para preverlas. La situación económica que México padeció en los años 80 trajo consecuencias muy similares. En comparación con el año 1983, en 1989 hubo 750 mil niños menos inscritos en el sistema de educación básica, además 880 mil desertaron desde el primer grado de primaria y 45 de cada 100 niños inscritos no terminó el sexto grado.

México tiene 25 millones de estudiantes en educación básica, luego entonces, 1 de cada 35 niños se ha quedado sin ese servicio sólo el año pasado. La situación, si no se remedia cuanto antes, condena al país a la perpetuación de la desigualidad. Deja a una amplia franja de la población sin un caudal de oportunidades.

Nadie puede aventurarse a celebrar una recuperación económica frente a semejantes cifras. Nuestros gobernantes, en lugar de suponer que lo peor ya pasó, tendrían que estar anunciando desde ya cómo combatirán las secuelas, educativas por ejemplo, del deterioro en la calidad de vida. Es inaceptable quedarnos sin reacción.

Sabemos que el actual no es un sistema de educación diseñado para esos 700 mil niños, por lo tanto las autoridades en la materia deberían tener ya diseñada una alternativa. Si no la tienen validarán las sospechas en torno a que ocupan su tiempo para realizar cálculos electorales y no para que los niños del país puedan permanecer en la escuela.

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