El Instituto Nacional de Salud Pública ha concluido que las escuelas públicas del país se han convertido en un ambiente obesigénico, es decir, en fábricas de obesos.

En 18 estados del país los congresos locales han tomado diversas resoluciones para que las escuelas dispongan de alimentos y bebidas que promuevan buenos hábitos alimentarios. Entre abril de 2006 y abril del 2009, en tan sólo tres años, la Cámara de Diputados recibió 46 iniciativas para regular la comida chatarra en les escuelas, su publicidad o para incorporar un etiquetado que advirtiera el riesgo de su consumo. En el mismo periodo, la Cámara de Senadores recibió 30 iniciativas similares.

Gracias al trabajo de cabildeo de Conméxico, la organización que agrupa a las empresas procesadoras de alimentos (Coca Cola, Pepsico, Kellog’s, Bimbo, Nestlé, etc.), ninguna de estas resoluciones e iniciativas ha tenido efecto.

Descrita desde el interior de Conméxico, su estrategia se basa en cuatro pasos: en el primero se recurre al presidente de la Comisión o Comisiones a que haya sido turnada la iniciativa, para argumentar las dificultades legales que el proyecto conllevaba. Este procedimiento logró éxitos con el diputado Ector Ramírez (PAN) quien presidió la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados en la legislación anterior. Ector Ramírez no sólo bloqueó las iniciativas sino que fue proactivo en sus declaraciones en contra de regular la presencia de la comida chatarra en las escuelas y la publicidad dirigida a los niños.

En el segundo paso, si se tienen dificultades con los presidentes de las comisiones, Conméxico se dirige al coordinador parlamentario respectivo y, en su caso, al coordinador del grupo mayoritario. En este sentido, en Oaxaca, se realizó una reunión con el diputado García Henestrosa (PAN) presidente de la Comisión de Salud Pública de la entidad, a la que Conmexico acudió con empresarios locales para mostrar su poder económico y hacerles ver los contras de la aprobación de los proyectos.

El tercer paso se da si el proyecto llega a ser aprobado por el Congreso, Conméxico recurre al Ejecutivo del Estado mostrando su poderío económico y buscando que vete el decreto del Congreso, como ocurrió en Baja California y Jalisco.

El cuarto paso se ejecuta si la presión de la opinión pública es importante y el Ejecutivo se ve obligado a publicar la iniciativa, entonces Conméxico se dirige a crear o fortalecer sus relaciones con las Secretarías de Educación y de Salud de la entidad, con el fin de que no apliquen las medidas. El quinto paso es la estrategia final, y una de las más utilizadas por Conméxico, consistente en lograr que los programas sean inaplicables, que sean técnicamente deficientes, de que no exista manera de identificar qué productos no deberían estar en las cooperativas, que no sean obligatorias las medidas, etc. En Sinaloa, la propia industria elaboró el programa.

La estrategia de Conméxico ha sido desarrollada por su director Jaime Zabludovsky, quien pertenece a lo que en Estados Unidos se les llama “especialistas en puertas giratorias” y que pasan de cargos públicos, donde sirvieron gratamente a los intereses de las empresas, a cargos al frente de empresas o gremios empresariales.

Así, la puerta giratoria gira y Zabludovsky, como otros funcionarios, pasa a servir a las empresas, conocedor de los tejes y manejes al interior del poder Ejecutivo y del Legislativo. Otro ejemplo es el de Enrique de la Madrid que fue legislador de donde salió para cabildear a favor de las empresas para promover la ley que diera entrada a los transgénicos y de nuevo volver como funcionario público a Sagarpa.

Conmexico no es una entidad monolítica. A su interior hay diversas posiciones. En un extremo, se encuentran Coca Cola y Pepsico que manejan el mercado de refrescos y parte importante del mercado de frituras, junto con Barcel de Bimbo. Existen otros asociados, como Danone, que no le prestan el mismo interés al mercado en las escuelas y tienen más intención de cabildear otros aspectos como evitar que se regule la publicidad que se dirige a niños, que podría evitar que Danone hiciera campañas como “para que tu hijo alcance la máxima altura”, o evitar que se implemente un etiquetado que evidencie el altísimo contenido de azúcar en sus productos. Unos y otros, al formar parte de Conméxico y destacan por su irresponsabilidad empresarial sobre el mayor problema de salud pública que vive el país.

La pelota está del lado del secretetario de Educación Pública, Alonso Lujambio, quien tiene en su manos detener el avance de la comida chatarra en las escuelas públicas. Sólo falta saber si servirá al interés público o al corporativo.

Director de El Poder del Consumidor, A.C., miembro del Consejo Consultivo del Consumo de Profeco y de Consumers International