Es poco lo que se sabe del llamado Acuerdo Comercial Anti-falsificación, conocido como ACTA por sus siglas en inglés, al que el gobierno federal negocia sumarse internacionalmente, por lo que tarde o temprano deberá ser aprobado por el Senado de la República. Sin embargo, para los diversos sectores industriales y de servicios interesados en el tema es preocupante el hermetismo y confidencialidad bajo el que se realizan las negociaciones y redacción del texto del tratado en cuestión.

El ACTA tiene como objeto principal establecer normas internacionales para la observancia de los derechos de propiedad intelectual a fin de combatir de manera más “eficiente” las actividades de falsificación y piratería, que de acuerdo a sus impulsores afectan significativamente los intereses comerciales, disminuye la creatividad e innovación y en muchos casos son responsables del financiamiento de actividades ilícitas.

El propósito no parece malo; sin embargo, diferentes industrias, como la musical, cinematográfica, televisora y de desarrollo de software tienen serias dudas sobre el desequilibrio de intereses entre productores de contenidos, usuarios y consumidores que no están siendo consultados y que temen, por ejemplo, por lo que será de los derechos de autor en el entorno digital.

No se ha dado oportunidad a la sociedad civil de participar en las negociaciones de este tratado comercial y únicamente se conocen documentos presumiblemente filtrados de algunas oficinas pertenecientes a otros países que también participan en la negociación del ACTA.

Principalmente, existe incertidumbre respecto a los contenidos y comunicaciones que circulan en internet. Los pocos documentos que hasta el momento se han podido conocer suponen que los prestadores de servicios de conexión a internet estarían obligados a filtrar toda comunicación que se intercambie a través de las redes públicas de telecomunicaciones. Puesto en otras palabras, los prestadores de servicios de conexión a internet estarían obligados a conocer todo el contenido de las comunicaciones que pasen por su infraestructura, independientemente de la tecnología que se utilice. Lo anterior se percibe como un atentado grave a la privacidad de las personas, además de que obliga, injustamente, a un prestador de servicios a convertirse en delator de sus propios clientes.

A tales inquietudes se suma el Senado de la República —que de acuerdo a la Constitución tiene la facultad exclusiva de aprobar este tipo de instrumentos—, ya que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de información por parte del Ejecutivo de las negociaciones y contenido de ACTA. Ha existido un total silencio y una ausencia de información sobre los alcances y beneficios que México pudiera obtener por la adopción de este acuerdo.

La experiencia demuestra que la mayoría de los tratados económicos firmados por México han sido en condiciones notablemente desventajosas o en su caso respondieron a intereses particulares alejados de beneficios reales a la sociedad o al sector productivo. Es momento de ser cuidadosos en las acciones que tomamos en el ámbito comercial y económico. Debemos tomar decisiones que tengan el mayor consenso de quienes serán afectados por las mismas. La prioridad debe ser proteger la economía, el empleo de los mexicanos y prepararnos para salir de esta crisis económica de la mejor manera.

En este sentido, el Consejo Coordinador Empresarial nos remitió hace algunos días a diversas comisiones, una comunicación para que el Senado considere no aprobar ningún nuevo tratado internacional de naturaleza comercial, en tanto no se revisen las condiciones internas para fortalecer la competitividad del sector productivo, toda vez que en las actuales condiciones, los nuevos tratados sólo incrementarían el saldo negativo de nuestra balanza comercial y la afectación de nuestro sector productivo sin beneficios reales para el sector exportador.

En conclusión es preocupante y cuestionable la evidente violación a las disposiciones que rigen la aprobación de este tipo de instrumentos, sobre todo por las consecuencias e implicaciones que la firma del ACTA podría traer aparejada. ¿Será quizás que existen demasiados intereses detrás de su firma?

Secretario técnico de la Comisión de Ciencia

y Tecnología. Senado de la República.