“Inmoralidad”, “aberración”, “perversidad” y “niños inocentes” son palabras que, juntas, sólo las hemos leído en los últimos años a propósito de los abusos sexuales de sacerdotes católicos contra menores de edad en México y en otros países. Ahora las reencontramos en la declaración del cardenal Norberto Rivera, máxima autoridad de esta religión en nuestro país, aunque usadas para condenar una nueva ley civil: la que permite en la ciudad de México el matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción de niños por las parejas así constituidas.

No sorprende este tipo de declaraciones que condenan, con dedo flamígero, un avance en materia de derechos individuales. El desaparecido Gilberto Rincón Gallardo recordaba, en un artículo a propósito de la llamada “píldora del día después”, que la jerarquía católica nunca ha ahorrado en descalificaciones ni en augurios de catástrofes cuando se han dado estos avances. Tenía razón; se trata del mismo tono, sin matices, que se usó, durante las últimas décadas, para condenar la píldora anticonceptiva convencional, la información sobre sexualidad en los libros de texto, las campañas de información sobre planificación familiar, el uso del preservativo, las sociedades de convivencia, la píldora anticonceptiva de emergencia y la interrupción voluntaria del embarazo. Cada uno de estos juicios eclesiásticos veía a la familia en el umbral de su derrumbe. Hoy no es la excepción. Este tono reprobatorio no se hubiera suavizado un ápice, puede conjeturarse, aunque la nueva ley hubiera descartado la adopción de menores por parejas del mismo sexo.

Nada tiene de extraño ni criticable que una congregación religiosa señale los preceptos morales que debe cumplir su feligresía. Estas admoniciones serán valiosas cuando, por ejemplo, los católicos tengan que decidir si ejercen o no un derecho que está a su disposición, como casarse con alguien de su mismo sexo. Pero no es aceptable que líderes religiosos y sus políticos afines pretendan imponer sus criterios morales a una sociedad diversa y plural, cuyo sistema constitucional, por cierto, no la adscribe a una confesión religiosa sino a valores de libertad, igualdad, no discriminación, el pensamiento crítico y el avance de la ciencia.

Habría que recordar que en México las iglesias son asociaciones voluntarias cuyas normas no son equiparables a las normas públicas. También, sería prudente reparar en que la ley instala un nuevo derecho, es decir, una posibilidad de hacer u omitir, tomar o dejar, y que nadie estará obligado a casarse con un congénere sexual. Entonces ¿de qué se discute?, ¿por qué se denuncia la norma como si se tratase de una violación mayor a la justicia?

Lo que late en el fondo de esta discusión es un tema de largo aliento que deberíamos afrontar con seriedad, a saber, el del fundamento de las leyes vigentes y, con ello, el de nuestro orden social. En efecto, cuando los diputados panistas se han opuesto a esta ley han hablado, como lo hace la jerarquía católica, de la violación de un orden natural. Pero no se refieren a la naturaleza de biólogos o físicos, sino a una ley natural medieval, es decir, a la idea de que toda ley humana, para ser justa, debe expresar una ley más profunda que ha sido puesta en el mundo por voluntad de Dios. En este tenor, las uniones sexuales y familiares de personas del mismo sexo serían antinaturales no porque no sean reales, sino porque contravienen un ideal religioso de comportamiento apropiado.

Esta discusión legal no puede resolverse como si sólo fuera un debate filosófico, aunque un poco de filosofía en la discusión no haría daño a nadie. Tiene que resolverse, para efectos jurídicos, en el terreno de la interpretación constitucional. Ya se hizo así cuando, a solicitud de la CNDH y la PGR, la Suprema Corte de Justicia revisó la ley a favor de la interrupción voluntaria del embarazo del Distrito Federal y la declaró constitucional. Es el tema de fondo de la legislación local de Veracruz contra el derecho a la interrupción del embarazo, tema sobre el cual el jurista Miguel Carbonell ha conminado al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, para que pida a la Corte se pronuncie en términos constitucionales.

El PAN promete un recurso de inconstitucionalidad. No es mala idea. Así sabremos quiénes en la Corte son los que interpretan la Constitución con base en la ley natural del medievo cristiano y quiénes conforme a la doctrina del garantismo y el Estado laico, todavía obligatoria, por cierto, para el Estado mexicano.

Departamento de Filosofía, UAM-Iztapalapa