Comprar 250 mil barriles diarios de gasolina tipo Magna durante todo un año —por ejemplo— requiere una inversión de 127 mil 967 millones de pesos. Ese mismo combustible llega a las estaciones de servicio a un precio controlado de 7.80 pesos por litro, lo cual genera una ganancia de 113 mil 620 millones, menos de lo que costó importarlo; es decir, Pemex —y el país— pierden en esa operación 14 mil 347 millones de pesos, recursos que representan casi cinco veces el presupuesto a los partidos políticos o más de la mitad del dinero asignado a la UNAM para 2010. ¿Quién compensa esa pérdida a las arcas nacionales? En su mayoría, los golpeados integrantes de la clase media que soportan sin remedio ISR, tenencia, predial y otros impuestos.

Por eso, aunque algunos políticos quieran simplificar el problema en un asunto de voluntad gubernamental, la realidad es que subvencionar los combustibles es más injusto para quienes históricamente han sido más perjudicados por nuestro sistema de recaudación.

Probablemente el gobierno federal no cumplió con un compromiso ni ha hecho esfuerzos suficientes en materia de austeridad, desde la reducción de sueldos hasta la supresión de gastos superfluos como los del Bicentenario; sin embargo, lo importante a destacar en esta polémica deber ir más allá. El problema de fondo radica en que ninguna Legislatura del Congreso de la Unión se ha atrevido en las últimas décadas a reformar hasta los cimientos el sistema tributario del país, para que todos aporten al erario en la medida de sus posibilidades y más lo hagan quienes tienen mayores benefactores.

En la última “reforma” fiscal no se encontraron fórmulas imaginativas para ampliar la base gravable ni para acabar con la evasión. Los legisladores recurrieron a figuras indirectas como el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), al aumento gradual a las gasolinas y al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE). Parches, como siempre, que no modificaron la existencia de millones de personas con ingresos “informales” que no pagan impuestos, ni la elusión que —a través de las leyes— consiguen los más acaudalados.

En esta discusión ha triunfado el inmovilismo porque había manera de financiarlo. Esperemos que la inminente quiebra de ese sistema fuerce un cambio de fondo.

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