Me pregunto qué tendría en mente felipe Calderón al configurar su proyecto de reforma política. Se trata de un conjunto de modificaciones a las reglas del régimen que, de ser aprobadas, vendrían a fortalecer al próximo presidente de la República. Más allá del discurso formal con el que han sido presentadas, las diez mudanzas propuestas le darían mayor capacidad de maniobra política al siguiente titular del Ejecutivo, en demérito del Legislativo y los partidos (aunque con un guiño al Poder Judicial).

Claro que falta la letra chiquita: los detalles precisos de cada una de las reformas que, en este caso, resultan fundamentales para reconocer sus alcances y los efectos que podrían generar en la vida política del país. Falta saber, por ejemplo, hasta dónde llegaría la reelección de legisladores y ayuntamientos, y si incluiría a los diputados electos por representación proporcional y a los regidores de lista; falta estipular el número exacto de ciudadanos que habrían de firmar una iniciativa de ley para que ésta fuera aceptada; falta determinar cuántos militantes serían necesarios para presentar candidaturas independientes, en qué puestos podrían hacerlo y bajo qué condiciones de financiamiento y fiscalización. La iniciativa también está reclamando definiciones sobre las distancias que deben separar a la votación del primero y del segundo lugares en una elección presidencial antes de llamar a segunda vuelta, etcétera.

Pero no es necesario conocer todos esos detalles para saber, ya desde ahora, que el propósito principalísimo de las reformas es otorgarle al presidente mayor capacidad de decisión y negociación de las que tiene hoy en día. Capacidad para vetar parcialmente las leyes que apruebe el Legislativo, de modo que pueda tomar lo que le convenga y bloquear lo demás; capacidad para exigir de los diputados y los senadores definiciones muy rápidas sobre sus iniciativas preferentes, de modo que se gane tiempo y se anticipen escenarios legislativos de manera oportuna; capacidad para negociar con cada uno de los legisladores, que eventualmente estarían dispuestos a romper la disciplina de sus partidos a cambio de obtener ventajas para ser reelegidos.

Capacidad para llegar al gobierno con mayor legitimidad de origen, luego de haber obtenido la mayoría absoluta en una segunda vuelta y de haber negociado con algunas de sus oposiciones para derrotar al adversario común; capacidad para abanderar iniciativas ciudadanas plausibles, o incluso para promoverlas, sin pasar por las aduanas de los partidos; y capacidad para gobernar con mayor certidumbre, mediante un régimen acoplado de tres partidos (con tendencia al bipartidismo de largo plazo y con crecientes dificultades para formar nuevas opciones), pero suavizado por las candidaturas independientes que, puestas en el terreno local, siempre necesitarían del respaldo del presidente de la República para poder gobernar. De todo eso trata la reforma propuesta.

Es interesante que, antes de la transición, la gran mayoría de las voces que construyeron la democracia coincidía en la necesidad de acotar el poder presidencial. En buena medida, se trataba de disminuir el peso magnífico (literalmente dicho) del presidente de la República sobre el resto de los poderes. Pero luego de la alternancia, otras voces comenzaron a llamar la atención sobre el riesgo que significaba pasar de la prepotencia del viejo régimen a la impotencia del nuevo.

De esa preocupación, afirmada con creces por la incapacidad de los dos últimos presidentes para afrontar con agilidad las crisis que los han desafiado, han surgido varias iniciativas pensadas para evitar la debilidad del Ejecutivo, para impedir el bloqueo del Legislativo, para romper el conjuro de tres partidos que nunca consiguen una mayoría estable, para impedir que unos cuantos legisladores arruinen los procesos de toma de decisiones y para facilitar la negociación de los poderes formales con los partidos políticos. Es decir, para evitar que la vela no queme al santo, pero tampoco que no le alumbre.

Sin embargo, la iniciativa de Calderón llega tarde, es incompleta (ya hablamos de los detalles que faltan) y, sobre todo, es omisa de las cuestiones federales, de la reforma social y de los arreglos que le hacen falta al gobierno. Los estados están ausentes, los derechos sociales ni se mencionan y la rendición de cuentas no existe. En cambio, la que propone el Presidente es acaso —y en el mejor de los casos— una reforma para el sexenio siguiente. Nadie sabe para quién trabaja.

Profesor investigador del CIDE

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ex consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), se desempeña actualmente como profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha fungido como gerente internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE) y como agregado de la Embajada de México en España.