El Presidente de México se comprometió hace unos días a impulsar un paquete de reformas para transitar “del sufragio efectivo de la Revolución de 1910, a la democracia efectiva del cambio en el 2010”. Uno de los elementos de su propuesta es particularmente importante para el municipalismo mexicano: la posibilidad de reelegir a nuestros alcaldes.

En México los ciudadanos no podemos premiar con la reelección inmediata a los munícipes que hacen bien su trabajo. Podremos aplaudirles y lanzarles vivas, pero la Constitución nos prohíbe renovar sus contratos. Ellos lo saben y actúan en consecuencia. ¿Para qué impulsar proyectos que rendirán frutos en el futuro, si serán evaluados sólo por lo que logren en un gobierno? ¿Para qué profesionalizar al personal del ayuntamiento, si no habrá tiempo para explotar los conocimientos adquiridos? ¿Para qué rendir cuentas y consultar prioridades con los vecinos, si basta con quedar bien con el partido o el gobernador para continuar en el servicio público?

Alcaldes y regidores responden a incentivos y lamentablemente nuestra Constitución premia los comportamientos equivocados. En lo financiero, tiene más sentido endeudarse y pasar la responsabilidad de pago al sucesor que perder la oportunidad de lucirse con vistosas obras. En lo político, gana quien evita hacer olas y mantiene las redes de complicidad existentes, y pierde quien asume el riesgo de movilizar a la ciudadanía en torno a proyectos transformadores. La responsabilidad fiscal, la planificación urbana, la participación ciudadana y el servicio civil de carrera son algunas de las cosas que no tienen sentido para un político que evalúa sus alternativas en horizontes de tres años.

Quienes se oponen a la reelección de alcaldes argumentan que la medida abrirá la puerta a prolongados cacicazgos. La referencia inmediata está al norte del río Bravo. El recién reelecto alcalde de Boston lleva 16 años gobernando y el de Chicago ya cumplió 20. Los críticos tienen razón. Es difícil derrotar a un alcalde en funciones. El acceso a los medios, el manejo del presupuesto y la posibilidad de dar y recibir favores se combinan para dificultar el camino de cualquier contendiente. Sin embargo, la base de soporte y el principal punto de referencia de estos alcaldes nunca deja de ser el ciudadano. Cada instante de sus mandatos forma parte de una prolongada campaña hacia la próxima reelección. Los 102 millones de dólares que el alcalde de Nueva York invirtió para lograr su reelección demuestran que nadie tiene su permanencia asegurada.

En cambio, los alcaldes en México podrían olvidarse del ciudadano tras recibir su constancia de mayoría. Exagero. Ningún alcalde —ni siquiera los que están al frente de las ciudades chinas— puede prescindir totalmente del apoyo popular. Pero en los países que permiten la reelección, dar resultados a la ciudadanía es una cuestión de supervivencia. Por el contrario, en países como el nuestro la cercanía del munícipe con sus gobernados es sólo un factor adicional, periférico, que puede o no tomarse en cuenta a la hora de evaluar el desempeño del funcionario. Cada vez que las demandas ciudadanas y las directrices de los superiores políticos entran en conflicto, el alcalde mexicano —como el chino— tenderá a privilegiar lo segundo.

Además, ya tenemos cacicazgos. En la mayoría de los estados, el gobernador controla a su partido, y el partido, las candidaturas. Las elecciones internas son sospechosas por decir lo menos. Las mismas ventajas que facilitan la reelección de los alcaldes en EU ya se dispensan al candidato favorito del gobernador. El presupuesto fluye, se acercan las cámaras y se activa la maquinaria. La diferencia es que permitir la reelección ampliaría el espacio de autonomía política del ayuntamiento, mientras que mantener la prohibición condena a muchos alcaldes a ser meros apéndices de la burocracia estatal.

Si deseamos premiar el buen desempeño y reducir la distancia entre gobernantes y gobernados, respaldemos la propuesta del presidente. Si nos preocupan los cacicazgos, exijamos en todo caso que la reforma política incluya las candidaturas independientes. Esa combinación sería el uno-dos ideal para acotar el poder de los partidos y empoderar a los ciudadanos: Que los mejores hombres puedan llegar al gobierno, y que sea la ciudadanía la que determine su permanencia en el servicio público.

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Analista