“Los políticos son como los pañales, se deben de cambiar seguido, y por las mismas razones”.

Pido una disculpa a los políticos honestos y decentes (seguramente ustedes sabrán quiénes son), pero empiezo este artículo con esta metáfora algo grosera porque me recuerda cuál va a ser el fondo del debate sobre la reelección en México.

La misma semana que el presidente Calderón propuso que se legislara la reelección de presidentes municipales y legisladores, lanzó días después una fuerte advertencia señalando los riesgos que corría la democracia en México, ante la posibilidad de que los grupos de crimen organizado inyectaran fondos en las campañas electorales a nivel municipal como estrategia de estos grupos para controlar territorios para sus negocios ilícitos.

El presidente Calderón dijo: “Una vez que se establece un vínculo económico entre el crimen y el candidato es prácticamente imposible o muy difícil disolver esta relación una vez que la elección ocurre”. Con este comentario parecería que el mismo mandatario está poniendo sobre la mesa de discusión argumentos en contra de su propuesta de una reforma constitucional que permita la reelección.

Desde una perspectiva democrática, hay muchas razones por las cuales debería llevarse a cabo una ambiciosa reforma del Estado que incluyera la reelección, que en lo personal me parece una buena herramienta. Entre los argumentos que se han esbozado por años se incluye buscar cambiar en una forma dramática los incentivos que rigen la gestión de los funcionarios de elección popular. ¿Cómo asegurar que éstos trabajen por el bienestar de las personas y no por los intereses partidistas o particulares?

En democracias que hoy son maduras, la reelección ha sido un mecanismo eficaz para asegurar que los gobernantes respondan a las demandas de sus gobernados. Pero eso sucede en países “normales”; hay que decirlo: ante la violencia y la capacidad bélica de los grupos de crimen organizado y la penetración que han tenido estas organizaciones en muchos estratos políticos y sociales, cualquier reforma tiene que hacerse sabiendo que México no es una democracia “normal”, y que en este momento varias regiones del territorio nacional están bajo el control operacional de algún grupo delictivo. Podríamos pensar que cualquier propuesta de legislación en este momento tiene que hacerse pensando en términos de estado de excepción.

El problema de no reconocer en términos jurídicos y políticos la realidad de esta “guerra” es que se está buscando promover reformas que para una democracia normal serían las apropiadas. ¿En un país en guerra será segura una reforma que permitiría la reelección? ¿Se deben promover reformas que permitan más independencia de los estados y municipios? Claro que no.

Otra reforma que está en la mesa de discusión: ¿qué vamos hacer con las policías municipales? También debemos de ser claros con lo que está sucediendo en este momento. Por años, la policía municipal en muchos estados se ha vuelto en los hechos parte del crimen organizado. Y aunque un presidente municipal tuviera todas las intenciones de mantenerse ajeno a las actividades de estos grupos, o no participar activamente o por omisión en las actividades del crimen organizado, la realidad es que es casi imposible que un presidente municipal impida que estos grupos infiltren y coopten a la policía municipal.

Esto abre un debate muy interesante: ¿llegó la hora de quitarles el control de la policía municipal a los alcaldes? ¿Debería México buscar implementar el modelo colombiano en el que todas las policías están bajo el mando de una secretaría? En el caso de Colombia se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa.

Considero que si no se controla a las policías municipales, que es el nivel en el que se debe de librar la batalla frontal contra el crimen organizado, será demasiado difícil ganar esta guerra. El modelo colombiano, que permite la flexibilidad de que los efectivos presten sus servicios localmente, pero que sean reclutados, capacitados y supervisados centralmente, pudiera ser el modelo de trabajo correcto; lo importante es debatir estas reformas, pero considerando la realidad de país: México es una democracia sitiada.

anamaria@anamariasalazar.com

Analista política

Especialista en temas relacionados con derecho internacional, seguridad nacional, cooperación antinarcóticos, reformas judiciales y conciliación. Fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Fungió como asesora política en la Casa Blanca (1998) y fue asesora especial en la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos del Departamento de Estado (1995-1997). Debido a su desempeño en el Pentágono, la revista Hispanic Business Magazine la reconoció como una de los 100 hispanoamericanos más influyentes en EU.